Suspenden y trasladan explotación petrolera de Tarija debido a protesta
Dos petroleras debían explorar y explotar energéticos con alta inversión
TARIJA. El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, en conferencia de prensa. El Gobierno determinó suspender los trabajos de exploración y explotación gasífera en la reserva natural Tariquía (Tarija), debido a las protestas medioambientalistas contra el proyecto, y en medio de acusaciones a la oposición en esa región sureña.
“Hemos tomado la decisión de que no vamos a hacer Tariquía y (nos) vamos a Madre de Dios, a otro lugar donde la gente verdaderamente aprecie el trabajo del Estado y necesite los recursos”, dijo el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, en conferencia de prensa en la capital chapaca.
En la cuenta de Twitter de su oficina se replicó otra parte de sus declaraciones: "Se suspende la inversión de exploración en Tariquía por acciones contrarias al proyecto por parte del gobernador, alcalde, asambleístas departamentales y Comité Cívico de Tarija”.
Según la autoridad, se planeaba invertir 683 millones de dólares en los trabajos en los campos San Telmo Norte y Astillero, ambos con un potencial gasístico por encima de los 4,21 TCF o trillones de metros cúbicos y capaces de generar una renta petrolera de 9.000 millones de dólares para el país, de los que 1.800 millones iban a ser sólo para Tarija. Sin embargo, el proyecto quedó trunco.
Sánchez atribuyó la decisión de suspender la inversión a las protestas, bloqueos, objeciones y "tergiversaciones" de parte de comunidades, organizaciones no gubernamentales, el Comité Cívico, la Gobernación y otros políticos.
“Los malos tarijeños no quieren que haya inversiones”, lamentó la autoridad, al recalcar que las inversiones se irán a otro lado, donde se las aprecie.
El Ministro sostuvo que las empresas observaron el problema mediático sobre temas ambientales y decidieron llevarse la inversión. “No podemos remar contra la corriente”, insistió.
IMPACTO AMBIENTAL
La autoridad subrayó que la afectación de estos campos a Tariquía era mínima, puesto que se ocuparía 114 hectáreas de 247 mil en San Telmo Norte, y 52 de 245 mil en Astillero, con lo "que las afectaciones son mínimas y la generación de ingresos gigantes".
Calificó como “doble discurso” a los ambientalistas y detractores del proyecto, porque sin actividad hidrocarburífera la reserva ya sufrió el daño de 14.000 hectáreas por deforestación.
El pasado 7 de abril, tras varias gestiones, el Gobierno promulgó dos leyes para la ejecución de trabajos de exploración y explotación de gas natural en ambos campos situados en la reserva natural.
Los trabajos fueron concedidos a la brasileña Petrobras y las subsidiarias Chaco y Andina de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
RECHAZO MARCADO
Tras la promulgación de las leyes, el Comité Cívico de Tarija, organizaciones sociales e indígenas, rechazaron la intervención de Petrobras por "poner en riesgo la biodiversidad y las fuentes de agua" en Tariquía, considerada uno de los "pulmones" del sur del país
De hecho esta semana, el miércoles, la Subcentral Campesina de Tariquía pidió a la Asamblea Legislativa Departamental la anulación de los contratos, porque no se hizo la consulta previa en las comunidades.
Evo advirtió con trasladar inversiones ante rechazo
"Yo decía, si no quieren no hay problema, hay otros departamentos que quieren y han consensuado, vamos a trasladar esa inversión a otros departamentos" y "quien pierde es el departamento, y nosotros como Gobierno nacional perdemos tiempo en vez de acelerar estas grandes inversiones en el tema energético”, fueron las advertencias que lanzó el 20 de abril el presidente Evo Morales, en un acto público.
Lanzó la amenaza al rechazar la denuncia que indígenas de Beni y La Paz sentaron contra su Gobierno en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, por la construcción inconsulta de las hidroeléctricas Chepete-El Bala, en La Paz, y Rositas, en Santa Cruz.
La denuncia finalmente fue acogida por el Foro, que observó al Ejecutivo y lo llamó a respetar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y a asegurarse de que éstos ejerzan sus derechos de acuerdo con los estándares internacionales sobre derechos humanos.
