El ex presidente y actual vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, solicitó ayer a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP) que impugne el sobreseimiento de la Fiscalía para los procesados por falsificación de Quiborax, Allan Fosck y David Moscoso, exonerados por intermediación del Gobierno.

Afirmó que la decisión del Laudo Arbitral del caso Quiborax –por cuya sentencia la Fiscalía lo procesa– no obliga al país a extinguir ningún proceso penal relacionado al arbitraje, y lamentó el desistimiento de la acusación particular de la AEMP contra Fosk.

Con dicha falsificación de documentos la empresa chilena Quiborax modificó su composición accionaria y "forzó ilegalmente la realización de este arbitraje en contra de nuestro Estado", reafirmó.

Mesa envió una carta al director Ejecutivo de la AEMP, Germán Taboada, para pedirle que deje sin efecto su desistimiento de la acusación particular e impugne la resolución judicial de absolución del caso.

Lamentó que lo más grave en este caso es que el antecedente de la citada sentencia absolutoria, favorable para Fosk, fue la reunión en agosto de 2016 en la oficina de la Subprocuraduría General del Estado entre abogados de Quiborax y altos funcionarios de la Procuraduría, "que redactaron de manera conjunta los textos de los desistimientos y el propio texto del fallo".

Con una serie de argumentos de orden jurídico, Mesa pide a Taboada que retire el desistimiento de la acusación que ejecutó esa unidad, para cumplir con “su obligación de defensa de los intereses estatales" y que los falsificadores del acta de Quiborax reparen el daño que ocasionaron al Estado.

La Procuraduría argumentó esta semana que intercedió ante la Fiscalía para que se libere de pena y culpa a los accionistas de Quiborax, atendiendo a un pedido del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que condenó a Bolivia a un pago millonario por la reversión de sus concesiones en el Salar de Uyuni.

La Fiscalía, por pedido del Gobierno, acusó esta semana a Mesa y lo puso al borde de un juicio, porque en su mandato se revirtieron las concesiones de Quiborax, aunque él califica como negligente la defensa de Bolivia en el CIADI, como “aberrante” la acusación y como “parcializada” la actuación de la Ministerio Público.

Pero la Procuraduría justifica sus actos y la Fiscalía informó que recibio "órdenes superiores" para desistir en el caso de los procesados de Quiborax.

EL MAS CONTRA TUTO

Mientras, el Movimiento Al Socialismo (MAS) apunta ahora a otro opositor por el mismo caso Quiborax, el ex presidente Tuto Quiroga. El diputado Víctor Borda anunció un juicio penal en contra del ex Mandatario porque, aseguró, en su gobierno se consolidó el “loteamiento” del Salar de Uyuni para validar las concesiones a la transnacional chilena.

“Quiero anunciar el segundo capítulo de esta telenovela toda vez que aquí también hay corresponsabilidad”, dijo el legislador oficialista.

Explicó que el nuevo proceso que alcanza a ex legisladores del país tiene base en dos nomas. La primera la Ley 1854, denominada "Ley de Gonzalo Valda”, del 8 abril de 1998, mediante la cual se levanta la calidad de reserva fiscal a una gran parte del Salar que se había estipulado antes con otra norma de 1986.

Esa disposición legal de 1998 fue validada después por el gobierno de Quiroga, el 3 de abril de 2002, mediante el Decreto Supremo 26574, explicó Borda, quien sustentó su denuncia en los delitos de daño económico al Estado y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, entre otros.

“Vamos a pedir un proceso contra Jorge Tuto Quiroga, quien lamentablemente ha consolidado esta división, este loteamiento”, agregó.