El ex presidente Tuto Quiroga aseguró no temer que se le inicie un juicio de responsabilidades en el caso Quiborax, porque la norma que dividió el Salar de Uyuni no tiene relación directa con el Decreto Supremo 28579 de su homólogo Carlos Mesa.

Quiroga explicó que el Gobierno pretende “hacerse un autojuicio” porque el Decreto Supremo 26574 responde a la Ley 1854 que fue aprobada cuando el presidente Evo Morales era diputado.

“Él (Evo Morales) votó por esa ley y ahora resulta que quiere criminalizar esa norma y lo que decía esa ley quiere volverlo materia criminal, pues va a tener que enjuiciarse a sí mismo”, remarcó. El viernes, el diputado Víctor Borda (MAS) anunció que iniciarán un juicio contra Quiroga y contra ex legisladores de la Asamblea Legislativa que aprobaron una norma para dividir el Salar de Uyuni, lo que permitió la concesión a la empresa minera Quiborax-Non Metallic Mineral.

Según Quiroga, el anuncio de Borda es una respuesta a la conferencia de prensa que brindó en apoyo a Mesa. “Están distrayendo a la opinión pública con esta criminalización de la oposición porque no pueden explicar el manejo doloso que han tenido en toda esta materia”, sostuvo y afirmó que después de varios casos en los que se le acusa, el juicio de responsabilidades “no me causa ninguna preocupación porque ya tengo años que vengo deambulando y enfrentando esta persecución política”.

Los procesos contra opositores y líderes emergentes son vistos como un método que el oficialismo emplea desde hace diez años para desmontar los movimientos contrarios a su política. Sin embargo, el MAS lo niega y rechaza que casos como terrorismo y Quiborax sean una persecución política.

En esa línea, ayer el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, pidió que la gente entienda que Mesa no es inocente. “Carlos Mesa ha cometido un delito, ha cometido con sus acciones un daño económico al Estado, no es lo mismo resolver un asunto jurídico ante una instancia que no corresponde", afirmó.

Luego aseguró que Mesa y la gente tienen que entender “que no se trata de un capricho del Gobierno que se lo procese".

El procurador Pablo Menacho aseguró ayer que el origen de la controversia con Quiborax no es la defensa jurídica que asumieron sino los actos ilegales de Mesa.

"El conflicto surge por el incumplimiento a la Ley 2564 y por el ilegal Decreto Supremo 27589. Ese es el origen de la controversia", sostuvo.