OEA detecta errores en Padrón Electoral que se usará en 2019
El organismo hemisférico recomienda al Órgano Electoral subsanar observaciones
Una publicación sobre la auditoría al padrón electoral realizada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) indica que en el trabajo, ejecutado hasta 2017, se encontraron 48.759 números de cédulas de identidad repetidas de ciudadanos habilitados para votar en las próximas elecciones de 2019.
La recomendación de la comisión que verificó los datos insta al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a "garantizar el derecho a una identidad única e irrefutable, no solo biométrica sino también biográfica".
En diciembre de 2017, en la entrega del informe, se destacó que el registro electoral tiene una consistencia de 98.9 por ciento y se planteó como “primordial” actualizar la tecnología en la que se almacena la información, que data de 2009.
Otros datos indican que existen 99.775 personas registradas en el padrón con documentos que ya no son válidos para sufragar, como el Registro Único Nacional (RUN) o la Libreta de Servicio Militar, razón por la que se sugirió "definir una estrategia de regularización que permita subsanar esta situación".
Además se encontró "inconsistencias en el registro del número de cédulas, se identificaron en la base de datos 4.732 registros con ceros a la izquierda del número, y ocho casos con guiones", aspectos que dificultan realizar un análisis de comparación.
"En el 97 por ciento de los casos donde la OEA halló que los nombres de las cédulas no coinciden con los del padrón se debe a errores generados en la consignación del apellido de casada al ser capturada en los campos de apellido materno o paterno", agrega el documento.
Para mayo de la próxima gestión se prevé que el TSE lance la convocatoria a las elecciones generales.
Hasta noviembre del año pasado existían 6.438.801 personas habilitadas para sufragar dentro del padrón electoral.
ELECCIONES JUDICIALES
El mes pasado se conoció el informe final de la Misión de la OEA sobre las elecciones judiciales de diciembre de 2017.
El documento establece que el voto nulo y blanco superó al voto válido en las cuatro instancias de votación; que el sistema de elección de autoridades judiciales boliviano es un proceso único en la región; que el Gobierno, en consonancia con la oposición, reconocieron que el proceso careció de elementos suficientemente meritocráticos para alcanzar una alta calidad en la selección de candidatos y que, aun con deficiencias, se hizo un esfuerzo por mejorar el sistema de comunicación dirigida a los electores.