Mesa refuerza sus críticas al Gobierno por Quiborax

El ex presidente Carlos Mesa manifestó que los que deben responder por el pago de $us 42,6 millones a Quiborax son tres actuales autoridades del Estado y la ex ministra Elizabeth Arismendi, al calificar como “disparate” y “canallada” el juicio que el Gobierno impulsa en su contra por este caso.

Las nuevas críticas se dan tras que el ministro de Economía, Mario Guillén, sostuviera el domingo que los procesos contra Mesa “van justamente en el sentido de la recuperación de estos 42 millones. Porque si producto de una mala actuación, como es lo que ha pasado en este tiempo, nosotros tenemos que pagar 42 millones, entonces alguien ha actuado mal”.

Mesa respondió: “Aquí no se trata de decir quien actuó peor, porque yo actué bien. Yo me apegué a la norma, tanto en la nacionalización como en la revocatoria y la anulación (…). La pregunta que hace Guillén se responde fácilmente ¿Quién actuó mal?”.

“Los únicos responsables de esta irresponsabilidad, de esta barbaridad, que han cometido delitos de complicidad con abogados chilenos en oficinas de la Procuraduría, que han tomado decisiones que corresponden al Poder Judicial (…). Estos señores, y lo subrayo, Héctor Arce, ministro de Justicia, el Procurador; Pablo Menacho, el actual ministro de Minería; Cesar Navarro, quien firmó el acuerdo con Quiborax de 42,6 millones de dólares y la ex ministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi, deben responderle a Bolivia por los 42,6 millones de dólares. Ellos son lo que deben ser llevados a juicio de reparación de carácter civil para responder por ese dinero”, declaró el actual vocero marítimo.

Recordó la mala defensa que hicieron Arce, Menacho, Navarro y Arismendi, cuando se detectó que la empresa chilena uso un documento falsificado para demandar a Bolivia ante el CIADI por nacionalizar el Salar de Uyuni.

Otro elemento dijo que es de lamentar, es cómo el Estado boliviano, mediante Carmiña LLorenti, ex subprocuradora, negoció abiertamente con Chile el pago del laudo arbitral.

“Primero, Bolivia negoció con la chilena el pago de $us 3 millones, luego $us 27 millones, pero al final el Estado Plurinacional terminó pagando $us 42,6 millones y se dejó sin efecto un proceso penal por falsificación contra el dueño y el socio de la Quiborax, Allan Fosck y David Moscoso”, insistió.

También calificó como un "disparate" que el Gobierno pretenda enjuiciarlo, así como el anuncio de pretender que pague los $us 42,6 millones con sus bienes.

Aseveró que el caso Quiborax es una "acción canalla de un Gobierno y unos funcionarios que cometieron delitos", en complicidad con una empresa "pirata", calificativo que usa frecuentemente para referirse a la firma chilena.

CASO EN EL SUPREMO

El requerimiento acusatorio contra Mesa no está agendado entre los puntos a considerarse en la Sala Plena de mañana, miércoles, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), debido a que la Sala Penal aún no remitió el informe de antecedentes y la respuesta a los memoriales presentados por el ex Mandatario en los que pide la nulidad del requerimiento fiscal.

El presidente del TSJ, José Antonio Revilla, ante la consulta de los medios de prensa, sostuvo que hasta ayer, lunes, la Sala Penal no remitió ningún informe por lo que todavía no se puede agendar el tema.

La anterior semana, Revilla señaló que la Ley 044 de juicio de responsabilidades no establece plazos para que el TSJ remita antecedentes del requerimiento acusatorio a la Asamblea Legislativa, pero agregó “que se imprimirá celeridad como cualquier otra causa más que llega a Sala Plena”.