La CEPB desafía al Gobierno ante la OIT por salario

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia negó ayer que el Gobierno cumpla el Convenio 131 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y le pidió que atienda una recomendación del organismo internacional en ese sentido, si no quiere enfrentar consecuencias graves.

La entidad empresarial se refirió en un comunicado a un reciente pedido de ese organismo para que el Ejecutivo "proceda sin demora a llevar a cabo consultas exhaustivas de buena fe con las organizaciones de empleadores y de trabajadores sobre la fijación de salarios mínimos".

Los empresarios privados se declararon en emergencia en abril, cuando el Gobierno acordó con la Central Obrera Boliviana (COB) un aumento para este año del 5.5% al salario básico y del 3% al sueldo mínimo nacional.

La CEPB mostró su preocupación porque "autoridades del Gobierno nacional intenten eludir la responsabilidad", al cuestionar la potestad del empresariado para exigir el cumplimiento de esa resolución, "poniendo en duda la transparencia y ecuanimidad de la propia OIT".

El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, defendió el lunes que el acuerdo de aumento salarial cumple la Constitución boliviana y no está establecido que deba surgir de un diálogo tripartito entre Gobierno, sindicatos y empresarios. La autoridad también descalificó el pedido de la OIT con cuestionamientos a su papel “político”.

Su colega de Economía, Mario Guillén, sostuvo que el Gobierno mantendrá su política de diálogo separado con obreros y privados.

El empresariado señaló que "la decisión de la OIT busca impulsar el diálogo social abierto, transparente y fructífero, en igualdad de condiciones y dentro un marco de respeto", sobre la determinación de los salarios .

Sobre los dichos del ministro Hinojosa, la CEPB señala: “Cuando las autoridades del Gobierno afirman que se va a continuar con la misma práctica reconocen, abiertamente, su voluntad de persistir en el incumplimiento a dicho Convenio, lo que debiera ser aclarado por el Gobierno frente a la OIT y al pueblo boliviano”.

También puntualiza que la posición de la OIT “ha dejado claramente establecido que los mecanismos que ha utilizado el Gobierno boliviano en estos años para fijar el salario mínimo, no corresponden al espíritu del Convenio 131.

ALERTAN DE CONSECUENCIAS

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas, advirtió de consecuencias económicas e institucionales en contra del Estado, si el Gobierno no cumple el Convenio 131.

"El Gobierno tiene la obligación de generar condiciones de negociación; debe llamar a la COB a que se siente con nosotros, porque están arriesgando las relaciones internacionales del país, porque eso significa incumplimiento y hay repercusiones económicas, hay organismos que cierran las puertas a Bolivia, podemos perder préstamos, no es algo que no tenga consecuencias y debe tomarse conciencia para no perjudicar al país", remarcó.