La Fiscalía rechazó la denuncia presentada por un grupo de diputados de oposición en contra del procurador Pablo Menacho y los ministros de Justicia, Héctor Arce, y de Minería, César Navarro, por “la mala defensa” de los intereses nacionales en el caso Quiborax, que implicó el pago de una indemnización de $us 42,6 millones a la firma de capitales chilenos.

El diputado Wilson Santamaría, uno de los denunciantes, informó de la decisión tomada por la comisión de fiscales, aunque evitó dar mayores detalles hasta tanto se haga un análisis sobre el contenido de los argumentos expuestos para el rechazo de la demanda interpuesta contra quienes tuvieron la tarea de defender los intereses del Estado en ese caso.

Además de Menacho, Arce y Navarro, en la denuncia estaban incluidas la ex ministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi, y la ex subprocuradora Carmiña Llorenti, quien fue denunciada por filtrar documentos vinculados al caso Quiborax a la defensa de la firma de capitales chilenos que ganó un arbitraje internacional en contra del país.

También figuran el fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco, y el fiscal de materia Favio Maldonado, acusados de haber levantado un juicio por falsificación del acta de composición accionaria de Quiborax y que luego fue base de la denuncia interpuesta ante el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Menacho aseguró en reiteradas oportunidades que hubo una defensa eficiente de los intereses del Estado y que el levantamiento del juicio por falsificación fue parte del proceso en el CIADI.

Quiborax demandó al Estado por la reversión de una concesión en el salar de Uyuni, durante la administración del ex presidente Carlos Mesa. Una vez se conoció el fallo del CIADI, la Procuraduría planteó un juicio de responsabilidades contra Mesa por haber revertido la concesión sin seguir los procedimientos establecidos en la norma, entonces vigente. Ya hay imputación en el proceso.

DENUNCIA Y REACCIÓN DE MESA

Mesa también presentó otra denuncia por considerar que no hubo una buena defensa de los intereses nacionales y que al menos se dieron dos potenciales escenarios de acuerdo, que implicaban pago de indemnizaciones de $us 3 millones y de $us 27 millones, montos inferiores a la cifra que se desembolsó al final.

En su demanda están Menacho, Navarro, Arce y Arismendi, todos acusados por la presunta comisión de los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, pero al momento no hay una definición fiscal sobre la demanda.

Sobre el rechazo conocido ayer, el ex Presidente lo calificó como "una aberración jurídica".

Consideró que la actuación del Ministerio Público es irresponsable porque no se puede separar el proceso, es decir que se exime a unos de culpa y a otros, como a él, autoridades gubernamentales quieren instaurarle un juicio de responsabilidades.

"En ningún momento puedes separar el caso cuando excluye a uno y llevas a un juicio de responsabilidades a otro", sostuvo.

Parlamentarios de oposición objetarán decisión de la Fiscalía

Los diputados opositores Wilson Santamaría y Rafael Quispe anunciaron que objetarán la determinación asumida por el Ministerio Público de no investigar a las autoridades por el caso Quiborax.

"Cuando hay desestimación de la denuncia, (la ley) permite hacer objeción y eso se presenta a la Fiscalía de Distrito y como ahí también nos van a rechazar, luego vamos a iniciar un proceso por prevaricato, porque es una barbaridad lo que afirman en su fundamentación, dicen que no se adjuntó la documentación suficiente, pero para eso está el Ministerio Público, para indagar y obtener toda la información", manifestó el diputado Santamaría.

Santamaría consideró que el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, está cometiendo el delito de prevaricato e incluso sostuvo que encubre a la gente involucrada en el caso Quiborax.

Quispe dijo que el Ministerio Público, a la cabeza del fiscal Blanco, simplemente no quiere investigar a las autoridades denunciadas, pese a que el Estado perdió un juicio internacional con la empresa Quiborax y tuvo que pagar a la firma extranjera 42,6 millones de dólares, afectando al patrimonio de todos los bolivianos.

"Son bien machitos para investigar al señor Carlos Mesa y hacerle corretear, pero de la misma forma no quieren hacerlo (contra las autoridades denunciadas), se quieren congeniar con el Ministro de Justicia", apuntó Quispe.

El fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, evitó referirse al tema y el fiscal Blanco tampoco quiso hablar del caso.

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