La emboscada con muerte y heridos del viernes en Yungas de La Paz, se cobró ayer la cabeza del máximo dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA), el opositor Franklin Gutiérrez, quien se entregó a la Policía que lo buscaba con orden de aprehensión tras la denuncia del Gobierno en su contra como autor intelectual de los hechos violentos.

Cerca de las 15:45, Gutiérrez habló con los periodistas en puertas de la ADEPCOCA y negó las acusaciones. Entonces llegaron efectivos policiales para detenerlo, por lo que sus seguidores lo escondieron rápidamente en las oficinas. Unos 20 minutos después, decidió entregarse.

Pero antes, el dirigente sostuvo que la muerte del teniente Daynor Sandoval se produjo por fuego propio de los agentes, desplegados en San Antonio (La Asunta, Yungas). Comentó que los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) ingresaron con todo y que por eso "se les fueron" algunos disparos.

"El Gobierno maneja muchas hipótesis, pero no las demuestra, pareciera que todo eso es armado para atacar a los Yungas. Mi persona no tiene miedo de ser detenido, hay un interés político", explicó respecto a la querella y orden de aprehensión.

Denunció que el Gobierno inventa la existencia de pozas de maceración de coca en La Asunta y enfatizó que pobladores fueron quienes le dijeron que la fuerza policial fue "con todo" en la intervención, de la pasada semana.

"¿Por qué el teniente llega a Santa Cruz? ¿Por qué no se lo trae a La Paz para que sea atendido? Nos parece muy extraño. Hubo una mala manipulación (de armas), se les ha ido y quieren acusar a cualquiera", agregó el dirigente, refiriéndose a los hechos del viernes y el traslado de los militares heridos a la capital oriental.

También señaló que tiene reportes y testimonios de comunarios sobre que la FTC ingresó a los hogares, robó herramientas “e inclusive dinero" aquel día. Precisó que él no estaba en la zona cuando se produjo el enfrentamiento y que hay periodistas de distintos medios que así lo pueden corroborar, ya que hacía un recorrido por comunidades.

EN MANOS DE LA FISCALÍA

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó en conferencia de prensa que Gutiérrez fue puesto a disposición de la Fiscalía y que pedirán la máxima sanción por los delitos que le atribuyen.

Dejó en claro que los efectivos de la Policía seguirán movilizados en La Asunta y advirtió que "no vamos a retroceder en esta lucha contra la criminalidad".

Para el Gobierno, ADEPCOCA ya no es una organización social, sino una organización criminal. "Estamos en presencia de una organización criminal que usa armas de guerra" y que están protegiendo pozos de maceración de droga, señaló.

También sostuvo que de no ser por los chalecos antibalas y los cascos, al menos seis oficiales policiales habrían muerto en la "emboscada" que, dijo, sufrieron mientras desarrollaban tareas de erradicación de coca en La Asunta.

Con la aprehensión de Gutiérrez son dos cocaleros los puestos a disposición de la justicia, tras la detención preventiva de Ovaldo B. N., decretada el domingo por la justicia.

El líder cocalero pasó la noche en celdas policiales, a la espera de la audiencia de medidas cautelares. Gutiérrez es un férreo opositor a la reelección presidencial

GOBIERNO Y POLICÍA ACUSAN

Por la mañana, el ministro Romero dijo sospechar que súbditos colombianos entrenaron en el uso de armas a los cocaleros rebeldes de Yungas.

Precisó que los extranjeros "habrían sido internados" al país "para enseñar (a grupos de cocaleros) la utilización de armas de fuego, para enseñar a la estructuración de grupos armados, para enseñar a activar armas y disparar proyectiles de manera selectiva".

Según la versión oficial, la FTC fue emboscada por cocaleros en la comunidad San Antonio, aunque ADEPCOCA denunció que los incidentes fueron protagonizados por la cuadrilla erradicadora, reforzada por 500 policías envidados desde La Paz.

El comandante Nacional de la Policía, general Faustino Mendoza, señaló a Gutiérrez como el cabecilla de una organización criminal que opera en Yungas.

Presentó un organigrama en el que ubica a Gutiérrez en la cúspide, y detalló todos los acontecimientos irregulares que habría cometido el dirigente en los últimos meses.

El jefe policial precisó que estos "grupos delincuenciales tienen puntos de concentración y puestos claves para cerrar el paso a los transeúntes y mantener aislado al municipio de La Asunta". Además, en caso de conflictos "habilitan trancas de control ilegales y cierran las vías con troncos y piedras para evitar el ingreso de los efectivos policiales".

Acotó que en la zona también hallaron "puestos de venta ilegal de gasolina, laboratorios, fábricas de droga y pozas de maceración".

El jefe policial difundió videos de la emboscada del viernes. Los grabó la propia Policía ese día.

La diputada Valeria Silva (MAS) pidió a Gutiérrez que llame a sus seguidores a la calma en La Asunta, en lugar de buscar enfrentamientos con los policías que resguardan la erradicación de cultivos ilegales de coca.

Desde filas de la oposición, cuestionaron que el Gobierno ataque a cocaleros opositores y no así a los del Chapare, aliados incondicionales del presidente Evo Morales.

Cocaleros lanzan plazo y mujeres emprenden marcha

Mientras dirigentes cocaleros de las provincias Nor y Sud Yungas e Inquisivi dieron un plazo de 24 horas para la liberación de su líder Franklin Gutiérrez, mujeres y niños de la misma zona emprendieron una marcha de protesta rumbo a La Paz, en defensa de la "dignidad, los derechos humanos y la coca originaria”.

La dirigente Rafa Sánchez explicó que la decisión se asumió en el cabildo del domingo y tomando en cuenta los presuntos abusos que cometen las fuerzas de erradicación en la zona.

"La marcha es para que se respete el derecho de las mujeres, de los niños y el derecho de vivir, de qué vamos a vivir si nos van a quitar la hoja de coca", manifestó.

Afirmó que con la erradicación se pretende quitar a los asunteños su medio de sustento: la producción de coca.

ACTIVISTA RETA A MINISTRO

Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) lanzó un reto público al ministro de Gobierno, Carlos Romero y lo conminó a pedirle disculpas o detenerla de inmediato. Lo hizo después de que Romero la acusara de ser parte de las personas que planearon la muerte de un policía en Yungas.

"Si realmente soy culpable junto a un grupo de cocaleros de la muerte del teniente, no sé por qué el sábado o domingo no me vinieron a detener pues estuve en casa sin moverme", indicó en conferencia de prensa.

Luego conminó a que el Ministro "cumpla su palabra y compruebe que estoy involucrada en los hechos de La Asunta o de inmediato tendrá que pedirme disculpas públicas", y acotó que "el respeto a los derechos humanos es principalmente el respeto a la vida".

También anunció que pedirá audiencia al presidente de España, Pedro Sánchez, quien llega a Bolivia hoy, martes.

En la reunión con el mandatario español, dijo, pedirá que él exija garantías al Gobierno para continuar con su trabajo de promoción y defensa de derechos humanos.

Además, anunció que puso en conocimiento de las amenazas de su detención a la Embajada de España en La Paz.

Enfrentados

Carlos Romero

Ministro de Gobierno

"Querella contra Gutiérrez y todos los autores intelectuales y materiales de organización criminal, portación ilegal de armas, lesiones leves, graves, gravísimas; asesinato y tentativa".

Faustino Mendoza

Comandante de la Policía

"Se tiene la estructura organizada a la cabeza de Franklin Gutiérrez, tiene también como operador y mano derecha a Eleuterio Mamani, Saúl Apaza, Juan Guachalla y Freddy Machicado".

Franklin Gutiérrez

Líder de ADEPCOCA

"No me estoy escapando, voy a colaborar con la justicia (...) El que nada tiene, nada teme (...)Nuestra conciencia está limpia (...) Me están difamando, mi persona no estuvo en el lugar".

 

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