Demanda marítima costó a Bolivia más de $us 14 millones
El Gobierno reveló el gasto 12 días después de conocerse el fallo de la CIJ, adverso para el país
El Estado destinó más de 14 millones de dólares ($us 14.018.000) a la demanda que interpuso contra Chile, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, con el propósito de lograr conversaciones para una salida soberana al océano Pacífico.
"...los costos erogados por el Estado boliviano en la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), desde el año 2011 hasta la fecha, ascienden a la suma de catorce millones dieciocho mil dólares", se lee en un comunicado emitido ayer por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Bolivia demandó a Chile en 2013 para que negocie un acceso soberano al océano Pacífico, arrebatado tras una invasión y guerra en 1879.
El 1 de octubre, la CIJ rechazó que Chile esté obligado jurídicamente a entablar negociaciones con Bolivia para que este país obtenga un acceso soberano al mar.
La Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar) explicó que el procedimiento de ejecución de dichos gastos "se regula por los Decretos Supremos Nro. 1747, del 2 de octubre de 2013, 2000, del 19 de mayo de 2014, y 3131, del 29 de marzo de 2017, y están sometidos al control interno y posterior por la Contraloría General del Estado".
La información se dio a conocer luego de los múltiples pedidos de políticos de oposición tras el fallo desfavorable para el país.
El equipo jurídico internacional estuvo coordinado en Europa por el agente Eduardo Rodríguez Veltzé y estuvo compuesto por Antonio Remiro Brotóns, abogado español y consejero de varios países en procedimientos contenciosos ante la CIJ. También por el abogado francés Mathias Forteau, miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU; Monique Chemillier-Gendreau, abogada francesa con experiencia en diversos procesos arbitrales y ante la CIJ; Payam Akhavan, abogado iraní, asesor legal en varios casos internacionales; Vaughan Lowe abogado inglés, que participó antes en diversos casos ante la CIJ, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y, finalmente, el abogado inglés Amy Sander con amplia experiencia en el arbitraje.