El senador Oscar Ortiz (UD) denunció este jueves los millonarios sueldos que percibían altas autoridades en el Banco Unión. Aunque se redujeron "un poco" los sueldos después del desfalco, presuntamente ejecutado por Juan Pari, un gerente General sigue ganando más que el presidente Evo Morales.

El senador Ortiz presentó la información que el Ministerio de Economía y Finanzas le proporcionó sobre la escala salarial (2016-2017) en el Banco Unión, donde el Estado tiene un paquete accionario del 97%, es decir, que es prácticamente estatal.

Antes del desfalco millonario que supuestamente protagonizó Juan Pari, entre 2016-2017 un gerente General percibía, Bs 80.634; la gerencia nacional de Negocios, Bs 62.498; la gerencia nacional de Finanzas y Comercio Exterior, Bs 49.117.

Otros niveles también ejecutivos oscilaban entre Bs 44.840 hasta 19.189, el sueldo más bajo era de la gerencia Regional de Tarija.

"Esto comprueba la denuncia que realicé, no es por casualidad que estas empresa públicas donde hay dineros del Estado operan de carácter híbrido, que siendo públicas operan como sociedades anónimas, es para saltarse los límites del Estado y los procedimientos", declaró el legislador.

Comentó que según el Ministerio, el actual gerente General gana Bs 70.000, "se han bajado un poco", pero siguen siendo altos con relación a los sueldos que perciben en el aparato estatal.

"Hay claramente una política deliberada de favorecimiento a personas vinculadas al poder, no hay concurso de méritos en las contrataciones, no hay carrera profesional", sostuvo el legislador.

Explicó que solicitó la información sobre los sueldos después de que en 2017 estallara el escándalo de Pari, que hasta ahora se presume que es el principal autor del millonario desfalco.

Entonces me pregunté ¿cuánto ganaban esos gerentes "tan ineficientes", que no habían advertido cómo una persona sacaba de manera sistemática miles de recursos económicos?, señala Ortiz, quien al recibir la información del Ministerio dijo que se sorprendió de los niveles salariales en contradicción con el discurso gubernamental que habla de "austeridad".

La Ley 331 crea el Banco Unión que tiene prácticamente una naturaleza pública, no obstante, sigue funcionando como una sociedad anónima para permitir que las contrataciones sean al margen de las normas que rigen para el sector público.

No establece límites en los salarios, y permitiría excusarse para brindar información a la Asamblea Legislativa Plurinacional evitando de esta manera una efectiva fiscalización, por lo tanto aquí existe un "doble discurso del Gobierno".