Piden al Gobierno que rechace el refugio a ex funcionario ecuatoriano

Los representantes de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), Fundamedios (Ecuador) e IPYS (Perú), organizaciones que forman parte del proyecto regional Voces del Sur, resolvieron ayer solicitar al Gobierno

EX SUPERINTENDENTE. Carlos Ochoa. EX SUPERINTENDENTE. Carlos Ochoa.

Sucre/CORREO DEL SUR
Política / 15/02/2019 06:29

Los representantes de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), Fundamedios (Ecuador) e IPYS (Perú), organizaciones que forman parte del proyecto regional Voces del Sur, resolvieron ayer solicitar al Gobierno que resuelva en derecho la negativa para la concesión del estatus de refugiado al ex superintendente de Comunicación del Ecuador, señor Carlos Ochoa, y lo devuelva a las autoridades de su país para que responda por delitos cometidos en ejercicio de funciones públicas.

Las organizaciones de prensa y de defensa de la libertad de expresión afirmaron que no existe ninguna causa para que el señor Ochoa pueda ser considerado un perseguido político pues en el Ecuador debe responder a un juicio por falsificación de documento público, uso del mismo documento falsificado para sancionar fraudulentamente a 11 medios de comunicación y malversación de fondos públicos al ordenar la impresión de 300 mil ejemplares de la Ley de Comunicación que contenía alteraciones a la norma, presuntamente perpetradas por Ochoa.

Cabe recordar que en este caso registrado en 2016, Fundamedios y el Colegio de Abogados de Pichincha (Ecuador) presentaron una denuncia en contra del entonces funcionario.

El diario El Universo publicó que la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) imprimió 300 mil textos de bolsillo de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), en los cuales se observó la alteración de la ley con la cual se sancionó a 11 medios de comunicación.

El 12 de febrero, la Cancillería de Bolivia confirmó la solicitud de refugio hecha por el ex superintendente de Comunicación, y ante esto las organizaciones reiteraron que el Gobierno debe negar esa solicitud, pues la noble institución del refugio no se debe prestar para proteger a quienes son acusados de delitos comunes.

Los representantes de la ANP, Fundamedios e IPYS trataron el asunto en una reunión en Sucre.

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