SUS: Hospitales estarán a cargo de gobernaciones

La presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, descartó ayer que el Sistema Único de Salud (SUS) vaya en contra de las autonomías departamentales, como lo denunció el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, y aseguró que el Gobierno no quitará la administración de los hospitales de tercer nivel a las gobernaciones, sino que inyectará recursos para el seguro gratuito.

“Una primera aclaración: la ley que transita hacia el Sistema Único de Salud, en ninguna parte modifica la Ley Marco de Autonomías, por tanto, no existe una vulneración a las competencias de autónomas departamentales”, manifestó a medios estatales.

La legisladora recordó que las autonomías están materializadas en la Constitución Política del Estado (CPE) y en la Ley Marco de Autonomías, que establecen que el nivel central del Estado legisla y los subniveles de gobierno reglamentan y ejecutan. “Pero juntos nos comprometemos en la inversión de recursos”.

El sábado, Costas lamentó la aprobación de la Ley del SUS, “de forma improvisada y atropellando las competencias autonómicas”. El secretario departamental de Salud, Oscar Urenda, denunció que la Gobernación cruceña recibió un proyecto de convenio con el Estado sobre el SUS cuyo contenido evidenciaría que se “cercenaría su autonomía departamental” debido a que los hospitales de tercer nivel pasarían a depender del Estado, al igual que otras atribuciones que ahora competen al Servicio Departamental de Salud.

Sin embargo, esto fue descartado por Salvatierra, quien ratificó que “los gobiernos departamentales continuarán a cargo de servicios generales y el nivel central inyectará recursos económicos”.

Además, explicó que a las gobernaciones sólo se propuso que el nivel central se haga cargo de algunas prestaciones de salud. Por ejemplo, “males como el cáncer, terapia intensiva, el cáncer pediátrico hasta menores de 14 años, abdomen agudo, lo que algunos casos puede derivar en la apendicitis, y las piedras en la vesícula, entre otros”, detalló.

Acotó que los acuerdos con gobernaciones son necesarios por manejarse recursos estatales que implican responsabilidad y su mala administración involucra sanciones.