El Consejo Nacional Cristiano rechazó ayer el proyecto de Ley de Libertad Religiosa, que busca fiscalizar los recursos de las organizaciones religiosas. La organización señaló que ya rinden cuentas al Etstado. Además, afirmó que la norma no fue totalmente socializada con sus afiliados.
Según su representante, Luis Aruquipa, las iglesias evangélicas entregan un informe anual a la Unidad de Cultos y ONG, dependiente de la Dirección General de Ceremonial del Estado Plurinacional, "firmado por un auditor y un contador".
"Yo creo que es suficiente. Lo que nosotros necesitamos no es una norma (...). Esta ley no ha sido socializada, por si acaso. Nos están mintiendo, al decir que esta ley ha sido socializada", manifestó Aruquipa, en contacto con los medios.
En diciembre de la gestión pasada, representantes de las iglesias evangélicas, el Gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional acordaron aprobar el proyecto de Ley de Libertad Religiosa hasta febrero de este año. Sin embargo, aún no se cumplió con el compromiso.
Aruquipa reconoció que hay pastores "que han mercantilizado la religión" y que no "pondrían las manos al fuego por ellos", pero que eso no es razón para todas las organizaciones evangélicas sean consideradas de tal manera.
Aruquipa acusó al Gobierno de pretender "entrometerse" en las obras sociales de su sector con la ley que proyectan, ya que dentro de la norma se buscaría que el estado financie proyectos al interior de las iglesias con la intención de ganar votos para el MAS.
"El Gobierno quiere comprar nuestros votos, ya que somos más de cuatro millones de evangélicos y 2,5 millones de votantes. No podemos vender nuestro voto. Si hubo otros que lo han hecho por un plato de lentejas, la iglesia evangélica, la verdadera iglesia de Cristo, no puede hacerlo", dijo el representante de la organización.
