Iglesia Católica creará comisión para tratar casos de abuso sexual

La Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) anunció que conformará una comisión nacional para investigar, prevenir y orientar casos de abusos sexuales al interior de la Iglesia católica.

El secretario general de la CEB, monseñor Aurelio Pesoa, reveló que en las últimas horas, un sacerdote del municipio potosino de Puna fue enviado con detención preventiva a la cárcel Cantumarca por la presunta comisión del delito de abuso deshonesto contra estudiantes, de entre 14 y 16 años de edad de una unidad educativa, que participaban de una confesión.

"Este tipo de hechos deben ser juzgados con absoluta rigurosidad. El sacerdote ha sido suspendido de su ministerio, mientras sea definida su situación legal", informó Pessoa.

En el país se conocen de cuatro casos similares. Uno fue sentenciado a 20 años de cárcel en San Sebastián (Cochabamba); otro caso ocurrió en Icla (Chuquisaca), el sacerdote se suicidó cuando conoció de su sentencia de 12 años; un tercero, que fue sorprendido en Tapacarí (Cochabamba), huyó a Uruguay, y el cuarto, actualmente tiene detención preventiva en Cantumarca (Potosí).

"Confiamos en que los actores que conforman el sistema de la Iglesia Católica actúen con transparencia, permitiendo que se sancione a quien corresponda", agregó el monseñor Pessoa.

Se prevé que la comisión nacional esté conformada hasta abril y tenga como miembros a juristas, sacerdotes y psicólogos encargados de la investigación de las denuncias.

Con este tipo de medidas, la prioridad de la Iglesia es prever la atención a las víctimas de abuso, así como la atención a sus familias, más aún cuando se trate de un miembro de la Iglesia.

EL HECHO

El hecho sucedió en noviembre de 2018, en Puna, donde el párroco llevó a un grupo de estudiantes a una parroquia para el acto de confesión, que es parte de la etapa de preparación para la primera comunión. Allí aprovechó para hacer toques impúdicos a las estudiantes. Al principio eran diez denunciantes, de las cuales cuatro continuaron con el proceso, mientras que el resto desistió, según información de la Fiscalía de Potosí.