El Gobierno apura pasos para los biocombustibles
El Comité Nacional de Bioseguridad evaluará en 60 días dos tipos de soya para decidir cuál de ellas se destina al sector energético
El Comité Nacional de Bioseguridad cuenta con 60 días, computables a partir del 17 abril, para evaluar a través de procedimientos abreviados, dos tipos de soya transgénica para ser empleadas en la producción de biocombustible.
El Gobierno aprobó el decreto supremo 3784, por el cual autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad, realizar la evaluación en los próximos 60 días.
El artículo único de la norma establece: “De manera excepcional se autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento HB4 y soya evento intacta, destinados a la producción de aditivos de origen vegetal – biodiesel”.
La aprobación de la norma se da días después de que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a través de su representante en Bolivia, Theodor Friedrich, calificó de "fatal" la decisión del Gobierno de apostar a los biocombustibles, con lo cual –advirtió– no se ayuda a la seguridad alimentaria, al medioambiente, ni al cambio climático.
La disposición transitoria del decreto establece que para dar cumplimiento al decreto supremo, en un plazo de hasta 60 días calendario, computables a partir de la publicación del mismo, el Comité Nacional de Bioseguridad deberá aprobar los procedimientos abreviados.
El Gobierno respalda su decisión con el artículo primero del decreto supremo 24676 del 21 de junio de 1997, que aprueba el reglamento 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el Reglamento sobre Bioseguridad, con sus respectivos anexos que forman parte integrante del mismo.
“Que la Ley 1098, del 15 de septiembre de 2018, establece el marco normativo que permita la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de aditivos de origen vegetal, con la finalidad de sustituir gradualmente la importación de insumos y aditivos, y diésel oíl, precautelando la seguridad alimentaria y energética con soberanía”, señala la parte considerativa.
Por su parte, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) a través de su gerente general, Gary Rodríguez, calificó de "injerencista" la posición del representante de la FAO en Bolivia, quien cuestionó la decisión del Gobierno de apostar a los biocombustibles.
"El señor de la FAO no conoce tanto nuestro país que lanza una aseveración temeraria e injerencista, criticando una política de Estado, cuando somos soberanos en las decisiones que más convenga al pueblo boliviano, para disminuir la importación de diésel y gasolina fósil que han significado 1.250 millones de dólares por importación disminuyendo nuestras reservas", afirmó.
Rodríguez calificó de "desafortunadas" las declaraciones de Friedrich, y aseguró que éstas fueron a título personal de "un empleado de la FAO, que se ha expresado de manera indebida en Bolivia, criticando una política de Estado que tiene que ver con los biocombutibles, con el bioetanol desde el año pasado y los biocombustibles desde este año".
En la misma línea, se pronunció el miércoles el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Luis Barbery.