Denuncian ante la CIDH al Gobierno
Cedib y Apdhb dijeron que se veta a entes defensores de DDHH y medioambiente
JAMAICA. El investigador del Cedib Pablo Villegas en una audiencia de la CIDH. El Estado boliviano fue denunciado ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por 72 casos de amedrentamiento y restricciones en contra de organizaciones defensoras de derechos humanos y ONGs.
El Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), a través de su investigador Pablo Villegas, presentó en una audiencia de la CIDH evidencias sobre las restricciones a la libertad de asociación de las organizaciones de la sociedad civil boliviana, en especial de las organizaciones defensoras de derechos humanos, la reducción del espacio cívico y los recurrentes ataques de altos funcionarios de Gobierno a quienes se manifiestan contra sus políticas extractivistas.
En representación del Cedib y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Villegas participó en la audiencia temática "Derechos Humanos, Desarrollo y Libertad de Asociación", organizada por la CIDH en el marco del 172 periodo de sesiones que se realiza en Kingston (Jamaica).
Durante su exposición, Villegas mostró preocupantes restricciones al derecho a la libertad de asociación en Bolivia; en particular para las organizaciones defensoras de derechos humanos, como es el caso del Cedib y la Apdhb.
Explicó que ambas instituciones, la Apdhb y el Cedib, trabajan en defensa de los derechos humanos de defensores del medio ambiente en contextos de industrias extractivas y grandes infraestructuras.
Puntualizó que por su labor de denuncia de vulneraciones de derechos, entre 2012 y 2014, se dieron 35 diferentes actos de amedrentamiento en contra de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y organizaciones indígenas. "Los más relevantes son la expulsión de la ONG danesa IBIS, la toma física de la sede de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (Conamaq), dos de las organizaciones indígenas más importantes del país, y de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (Apdhlp)", mencionó.
En todos estos casos dijo que las actividades fueron interrumpidas y las entidades y sus bienes transferidos a personas vinculadas con entidades pro gubernamentales.
Entre 2015 y 2018 citó que se registraron 37 diversos actos de amedrentamiento, acoso y restricciones a la labor de ONG, organizaciones indígenas y defensores de derechos humanos.
