Tribunal de la Naturaleza presenta fallo sobre Tipnis
El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza (TIDN) hará conocer en las próximas horas su sentencia sobre la denuncia de violación de los derechos de la Madre Tierra en el caso del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en contra del gobierno de Evo Morales.
El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza (TIDN) hará conocer en las próximas horas su sentencia sobre la denuncia de violación de los derechos de la Madre Tierra en el caso del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en contra del gobierno de Evo Morales.
Está previsto que hoy, miércoles, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios realicen una conferencia para socializar la sentencia y posteriormente una ronda de comentarios y análisis sobre el fallo, en La Paz.
Paralelamente se prevé eventos en Cochabamba, Santa Cruz, Trinidad y en San Ignacio de Moxos.
En noviembre de 2017, en la ciudad de Bonn (Alemania), la subcentral de Pueblos Indígenas y la subcentral de Mujeres Indígenas del TIPNIS denunciaron al gobierno de Morales ante el TIDN, por la violación de la Madre Tierra al anular la Ley 180 de protección del territorio indígena.
El TIDN envió al país una Comisión de Observadores conformada por Alberto Acosta (Ecuador), Enrique Viale (Argentina) y Shannon Biggs (Estados Unidos) para ingresar a la zona objeto de vulneraciones y reunirse con los indígenas del territorio, colonizadores y el Gobierno.
En enero pasado, la Comisión presentó su informe en el que estableció que el Estado vulneró los derechos de la Madre Tierra, por lo tanto, recomendó sancionar al Gobierno; el documento será puesto a consideración del pleno del tribunal y este 15 se conocerá su fallo.
Asimismo, en el informe señalan que existen suficientes evidencias de las vulneraciones como: deforestación en el polígono siete (zona a la que no pudieron ingresar por el rechazo de los colonizadores); expansión de la producción ilícita de hoja de coca; explotación forestal en el Sécure Alto; afectación en la generación hídrica; afectación a los bosques, fauna y flora; amenaza petrolera; impactos en la vida de los pueblos indígenas; ataques a activistas y crisis del Servicio Nacional de Áreas Protegidas.
Tras conocerse dicho informe, el Gobierno minimizó su importancia y alcance.