El presidente Evo Morales fustigó a los exmandatarios de Iberoamérica que cuestionan su candidatura a la reelección y demandan un pronunciamiento de la OEA. "La mayoría vienen de los golpes de Estado, de las dictaduras militares", señaló.
El Mandatario respondió así al pedido de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) para que la Organización de los Estados Americanos (OEA) condene "la grave violación" de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que a su juicio supone su candidatura.
"Hace un momento, al venir de La Paz, me informo que 21 expresidentes de América Latina y el Caribe piden a la OEA suspender o vetar a Evo Morales como candidato a las elecciones", dijo al añadir que "debían preguntarse primero ellos de dónde vienen", para citar el Plan Cóndor, una operación represiva impulsada por las dictaduras de América Latina entre las décadas de 1970 y 1980.
Instó a estos exmandatarios a aclarar "qué pretendían con el plan" y "si están con el imperio", como suele denominar a Estados Unidos, "o están con los pueblos".
Morales hizo estas declaraciones en un acto en la planta de gas Incahuasi.
Los exjefes de Estado y de Gobierno de América Latina y de España denunciaron en una declaración ante la OEA que Morales intenta "perpetuarse" en el poder "en fraude manifiesto a la Constitución" de su país "y a la Convención Americana de DDHH".
Firmaron la declaración expresidentes de Costa Rica, España, Panamá, Nicaragua, México, El Salvador, Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador, Colombia, Paraguay, y Jorge Quiroga, del país.
Morales, el presidente con más tiempo en el poder desde 2006, aspira a un cuarto mandato consecutivo hasta 2025 en las elecciones del 20 de octubre.
Su candidatura es considerada ilegal por la oposición y por movimientos ciudadanos, debido a que incumple el límite constitucional de dos mandatos consecutivos y el resultado de un referéndum que en 2016 rechazó la reelección.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) reconoció en 2017 el derecho a la reelección indefinida, en base al artículo de la Convención Americana de DDHH sobre el derecho a elegir y ser elegido, y en 2018 el órgano electoral habilitó la candidatura con base en ese fallo.
El TCP ya avaló al Presidente para un tercer mandato al considerar que el primero no contaba para el límite de dos seguidos, porque Bolivia se refundó en 2009 de República a Estado Plurinacional.
Reacciones
El MAS descalificó el pedido de los 21 expresidentes iberoamericanos y consideró que carece de valor. "Vemos una declaración de expresidentes que no tienen el mandato del pueblo, menos el ejercicio de la autoridad dentro de sus estados. Por lo tanto, carece de todo valor. Lo que están buscando ellos, en base a un interés común y en algunos casos individual, es figurar, de hacer prensa y de buscar un lugar hacia dónde proyectarse", afirmó el diputado del MAS Ignacio Soruco.
"Este tipo de declaraciones desde el Gobierno boliviano nos tiene sin ningún cuidado, nosotros somos un Estado soberano", añadió.
La presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, desahució también la declaración de los exgobernantes.
"La OEA ya tuvo un pronunciamiento oficial a partir del Secretario (General, Luis Almagro) y el pronunciamiento que realizó el señor Almagro fue una posición de carácter institucional: el no permitir que sean observados con un doble estándar la participación en los procesos electorales", dijo.
Otros legisladores del gobiernista MAS señalaron que dicho pronunciamiento no surtirá ningún efecto y rechazaron cualquier intento de injerencia en materia de política.
Sin embargo, la postura de los exmandatarios fue aplaudida por otros sectores en el país, principalmente por la oposición. El senador Arturo Murillo (UD), dijo que se debe hacer escuchar (la polémica reelección) en todo espacio, tanto nacional como internacional.
Justificativo
El TSE habilitó al binomio Evo Morales y Álvaro García Linera sustentado en un fallo constitucional que en 2017 declaró legítima la repostulación de autoridades nacionales y subnacionales en sujeción a tratados internacionales en materia de derechos humanos y reconocidos por la Constitución Política del Estado.
El TCP reconoció el derecho a una reelección en virtud del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con el que otros presidentes latinoamericanos pudieron también buscar un nuevo mandato.
