Carlos Gill Ramírez, con importantes inversiones en Bolivia y una fuerte relación con el Gobierno, afirmó que es un “empresario honesto” y que sus negocios “se apegan a las leyes de cada país” en rechazo a la acusación de presunto lavado de dinero en República Dominicana. El magnate se pronunció a través de un comunicado de prensa que llegó a CORREO DEL SUR tras una nota publicada sobre la relación de su hijo con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
A principios de junio, el presentador peruano de televisión en Miami Jaime Bayly denunció que Gill Ramírez efectuaba operaciones de lavado de dinero en República Dominicana, donde tiene una “lujosa mansión”, así como otros empresarios venezolanos afines al chavismo.
Después de que el periodista revelara el caso, el empresario emitió un comunicado en el que indica que las denuncias “carecen de total asidero y que están muy lejos de la realidad”, además de ser “irresponsables”.
“Lo único cierto de lo dicho por Bayly es que sí soy venezolano pero también paraguayo de nacimiento y que sí tengo una propiedad en la Romana (República Dominicana), que la compramos en 2005 y no en 2014 como dice el presentador”, reza parte del comunicado.
Sobre el presunto lavado de dinero, Gill Ramírez se califica como “un empresario latinoamericano honesto que hace inversiones en muchos países”, las cuales se “apegan a las leyes de cada país” y se basan a su “estricto código de ética”.
“Ignoro cuáles son las razones que lo motivan a difundir esas falsedades y desconozco cuáles son sus fuentes de información”, agrega. Según Bayly, obtuvo la información a través de fuentes de inteligencia del Gobierno de Estados Unidos.
En Bolivia, una de las empresas de Gill Ramírez es subcontratista de la firma austríaca Doppelmayr que construye la red de teleféricos de La Paz. El magnate además es accionista mayoritario de las redes occidental y oriental de los ferrocarriles; por estas inversiones, mantiene contactos directos con los más altos niveles de Gobierno, según reveló él mismo a los medios de comunicación.
Su hijo, Carlos Gill Marquez, representa a Pietro Fiorentini Spa, la empresa italiana que tiene un acuerdo de confidencialidad y un memorándum de entendimiento con YPFB para el desarrollo de proyectos en el país, entre ellos la provisión de medidores inteligentes que supondría una inversión de más de 100 millones de dólares pese a que los actuales equipos tienen una década de vida útil.
Esto también dejaría sin trabajo a cientos de lecturadores, que a finales del año pasado mostraron su preocupación a este diario. Entonces, YPFB señaló que la instalación de medidores inteligentes era un plan piloto con la firma italiana.
No obstante, CORREO DEL SUR conoció que a través de un acuerdo, la empresa pública Quipus dotará de tecnología a los actuales medidores instalados en el país, sin que sea necesario renovarlos por completo y posibilitando que el control y manejo de datos se realice en Bolivia y no en otro país.
Si bien el memorándum de entendimiento coincide con lo mencionado por la estatal petrolera, que la provisión de medidores inteligentes se trata de un plan piloto, deja la puerta abierta a la renovación de este acuerdo que fenece mañana, martes; por lo que se supo que YPFB y Pietro Fiorentini sostuvieron reuniones en los últimos días para reconsiderar este documento.
