El presidente del Estado, Evo Morales, presentó este lunes un "plan de emergencia" de diez puntos y dos decretos supremos para priorizar la lucha contra la violencia hacia la mujer y considerar al feminicidio como crimen de lesa humanidad a nivel nacional e internacional.
Todas estas medidas fueron coordinadas en las sesiones que se realizaron, desde el pasado viernes, en el llamado "Gabinete de Lucha Contra la Violencia".
El plan de emergencia que presentó Morales en conferencia de prensa, consta de un decálogo con mandatos de distinta índole.
El primer punto establece que un porcentaje de los Impuestos Directos de los Hidrocarburos (IDH) sea destinado al presupuesto de seguridad ciudadana para la lucha contra la violencia hacia la mujer.
Explicó que se creará una comisión para que defina qué porcentaje será destinado a este fin.
En segundo lugar se comprende un pacto para prevenir la violencia desde el sistema educativo con la participación de padres, madres, maestros y estudiantes para "construir nuevas relaciones basadas en el respeto y la no violencia".
El tercer punto contempla un acuerdo con la Policía, la Fiscalía y el Órgano Judicial para eliminar la impunidad y garantizar el acceso a la justicia de las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia.
El plan de emergencia también considera un pacto para que en las familias prime una cultura con valores y corresponsabilidad; además de un pacto para enfrentar la violencia desde todas las instancias y niveles del Gobierno.
"Cada servidor público no solo debe conocer la norma sino entender la problemática de la violencia para fortalecer el rol de los servidores públicos en la prevención de la violencia", señaló Morales.
El sexto mandato establece una alianza para desnaturalizar la violencia contra las mujeres y la niñez para avanzar hacia la cultura de paz.
El séptimo punto incluye un acuerdo con los municipios y las gobernaciones para mejorar y fortalecer los servicios de protección y atención a las mujeres y la niñez víctimas de violencia.
Asimismo, el plan contempla un pacto con las empresas privadas para combatir las violencias al interior de las mismas y generar un clima empresarial libre de violencia hacia las mujeres.
El noveno punto instaura un compromiso con las organizaciones sociales para que se constituyan en promotoras de la lucha contra la violencia desde los barrios y las comunidades.
Y, finalmente, el decálogo establece evaluar la manera de que los feminicidios sean considerados como crímenes de lesa humanidad no solo a nivel nacional, sino también internacional.
Por otro lado, el Jefe de Estado también anunció la promulgación de dos decretos supremos. El primero, que modifica uno de 2010 en busca de incrementar las medidas de concientización y prevención que promueva la convivencia armónica de las familias bolivianas a través de jornadas de sensibilización de parte de las alcaldías.
En ese sentido, anunció que se convocará a una "gran movilización de concientización" a nivel nacional "e incluso internacional".
El segundo decreto aprobado establece la conformación obligatoria de una comisión de prevención de la violencia en todas las empresas públicas manejadas por el Estado.
