El Gobierno descartó ayer una declaratoria de emergencia por los incendios en la Chiquitanía bajo el argumento de que la cifra de damnificados aún es pequeña. La ayuda internacional empezó a llegar pero el panorama no es el mejor: el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió de una escalada en la temperatura y la probabilidad de nuevos focos de calor.

“La dimensión de los damnificados todavía es pequeña. El trabajo tiene una escalada. Los indicadores que tenemos no nos dan para llegar a una declaratoria de desastre como la que se indica. En la medida que las capacidades de atención y despliegue del Estado sean sobrepasadas, ahí corresponde ese tipo de  declaratoria”, respondió el ministro de Medio Ambiente y Agua, Carlos Ortuño, al pedido planteado ayer por la Gobernación y la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, el Colegio de Biólogos de Bolivia y el candidato a la Presidencia Óscar Ortiz.

De acuerdo con los datos de Ortuño, solo hay ocho familias que lo perdieron todo y 1.817 afectadas. A principios de año, había 8.800 focos de calor en 15 municipios y ahora se mantienen entre 900 y 1.000, señaló al considerar que las medidas tomadas por el Gobierno son oportunas y adecuadas y llamó a dimensionar adecuadamente lo que ocurre en la Chiquitanía.

Sin embargo, los pedidos de declaratoria de emergencia volvieron a plantearse en distintos puntos del país. La Gobernación de Santa Cruz, a través de su secretario general Roly Aguilera, insistió en una declaratoria de desastre nacional luego que el fin de semana la cifra de hectáreas afectadas por los incendios forestales completó al millón.  “Hemos clamado que se pueda declarar el desastre nacional para que se pueda aceptar y canalizar la cooperación internacional para que podamos combatir este incendio entre todos, al fin y al cabo esta ecología que es única en el mundo”, enfatizó.

La Federación de Ganaderos Cruceños volvió a insistir en el tema, después de su primera solicitud en un encuentro realizado el 20 de agosto; el Colegio de Biólogos, que además demanda ser incluido en el Gabinete de Emergencia Ambiental, exige "activar protocolos para declarar zona de desastre".

“La labor del Supertanker es insuficiente, con tres a cuatro vuelos al día no se va a acabar con más de 400 focos de incendios. Si no hay una labor coordinada de tierra efectiva, no se va a tener el éxito necesario, por eso es que estamos planteando (en una carta al Presidente) no solo declaratoria de emergencia nacional, sino también la movilización de efectivos de las Fuerzas Armadas para coadyuvar, pero masivamente, en estas labores en tierra y el ingreso de personal”, acotó el senador y candidato Ortiz. 

La Asociación de Gobiernos Municipales de Santa Cruz se sumó al pedido de que se invoque a la ayuda internacional. 

Ortuño ratificó que aún no corresponde la declaratoria demandada, pero precisó que ello no impide la canalización de la ayuda del exterior.

AYUDA INTERNACIONAL

Y precisamente ayer después de una reunión convocada por el Ejecutivo a representantes de foros internacionales, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el país ofrecieron 350 mil dólares para atender a la Chiquitania.  

El representante del BID, Alejandro Melandri, dijo que esa entidad dispone de manera inmediata un fondo no reembolsable de $us 200 mil. A su vez, el coordinador residente de la ONU, Mauricio Ramírez, acotó otro bolsón de $us 150 mil.

El canciller Diego Pary agradeció la ayuda, mientras que la ministra de Planificación, Mariana Prado, anunció que se va "a operativizar de la manera más inmediata todos los ofrecimientos de países amigos y de las entidades internacionales que están dispuestas a prestar apoyo a nuestro país".

"Un gusto reunirme con @SachaLlorenti @Bolivia_ONU le reiteré mi preocupación por los incendios forestales en la Amazonia. Mi reconocimiento al gobierno de @evoespueblo por los esfuerzos desplegados y por promover una respuesta regional y global. La UNGA siempre dispuesta a apoyar", escribió en Twitter la presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, al poner a disposición del país la ayuda de esa instancia multilateral.

En tanto, el jefe Adjunto de la Delegación de la Unión Europea (UE), Jorg Schreiber, reveló que no existe ninguna solicitud oficial del Gobierno nacional para el apoyo de esta misión diplomática. "Todavía el Gobierno no nos ha pedido ayuda oficialmente, por eso, estamos atentos y con predisposición si recibimos una solicitud oficial del Gobierno", declaró.

"Está la Cancillería y el Ministerio de Defensa para contactarse (y definir) qué cooperación puede ser más rápido y más pronto. Su directivo de la CAF está donando casi medio millón de dólares. Está haciendo la gestión correspondiente la Cancillería. (…) Totalmente abierto, nadie está prohibiendo la cooperación voluntaria y espontánea”, aseguró el presidente Evo Morales.

MEDIDAS DEL GOBIERNO

La presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, recordó que el Presidente tomó tres medidas ante la crisis: suspender la campaña electoral; convocar a la Organización del Tratado de la Cooperación Amazónica y gestionar ayuda internacional. Precisó que se gestiona $us 500 mil de la CAF a través de Fonplata y un crédito concesional para mitigar los daños.

"Se está coordinando que podamos contar con el asesoramiento de especialistas de Canadá, España y Estados Unidos sobre incendios", acotó.

Añadió que Argentina colabora con los Cascos Blancos, expertos en diseño y ejecución de procedimientos de asistencia humanitaria internacional; de igual manera se sumarán dos helicópteros, procedentes de Perú, que se unirán a las siete aeronaves en funcionamiento.

Senamhi informa que subirá la temperatura

En medio de las tareas de mitigación de los incendios en la Chiquitanía, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió ayer una preocupante alerta naranja. “Se pronostica ascenso de temperaturas máximas, con probabilidad de alcanzar temperaturas de 37°C y  40°C desde el día martes 27 hasta el día viernes 30 de agosto” en el oriente del país. 

Se temen “condiciones favorables para el incremento de los focos de calor en estas regiones”, señaló la institución al señalar la aparición de “fenómenos no habituales y con cierto grado de peligro para las actividades del ser humano”.

Sin embargo, causa cierto alivio los informes de precipitaciones pluviales del pasado fin de semana en San Ignacio de Velasco, San Miguel y una granizada en San Rafael, entre otros.

Evo acusa a marchistas de contaminar

Ante las críticas por la gestión gubernamental de los incendios forestales, el presidente Evo Morales acusó a quienes participaron de las marchas realizadas en distintos puntos del país el domingo de contaminar el medioambiente.

"Algo chistoso, ayer algunos grupos se movilizaron pidiendo cuidar el medioambiente, pasan sus marchas y se van a supermercados, comen comida chatarra, además de eso, usan plastoformos, que eso contamina", dijo el Mandatario durante un acto en Sucre.

Morales, que denunció una politización del tema, alentó a usar platos de barro o cucharas de madera como la mejor manera de cuidar el medioambiente y en esa línea, llamó a los activistas a “imitar al movimiento campesino originario” que emplea ese tipo de utensilios.

Plantean juicio de responsabilidades

El Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y varios políticos plantearon que el presidente Evo Morales sea sujeto a un juicio de responsabilidades por los incendios que no logran ser sofocados en la Chiquitanía.

"Los antecedentes son gravísimos, constituyen delitos, incluso las leyes que se aprobaron (...). Todos estos actos van a constituir como evidencias para que se pueda elaborar un juicio de responsabilidades contra Evo Morales, como manda la historia, estamos en condiciones de llevar adelante", declaró el exdefensor del Pueblo y miembro del Conade, Rolando Villena.

Cree que el juicio no solo debe ser en contra del Jefe del Estado, sino contra todos los ministros y quienes impulsaron la Ley 741 que autoriza el desmonte de 20 hectáreas y el decreto supremo 3973 que autoriza el desmonte en los departamentos de Beni y Santa Cruz.

El diputado Rafael Quispe precisó que el juicio debe ser por los presuntos delitos de ecocidio y biocidio: "Se está matando la biodiversidad, porque con esas normas se ha destruido la casa grande de la Chiquitanía".

Protestó porque la Ley 741 y el cuestionado Decreto Supremo de julio de este año que autoriza el desmonte de tierras, solo benefician a la agroindustria y a la gente que migra hacia esas zonas, en el marco de los asentamientos motivados políticamente, precisó.

Por su parte, el senador y candidato a la presidencia por la alianza Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, dijo que corresponderá una serie de procesos, no obstante, dijo, es fundamental en este momento atender con prioridad el fuego.

El diputado opositor Wilson Santamaría agregó que el tema será evaluado en la bancada de Unidad Demócrata, para que sea un proceso que tenga efectos, aunque recordó que por los dos tercios del MAS la idea podría ser rechazada en el Legislativo,

Al respecto, el canciller Diego Pary respondió que el Gobierno está concentrado en sofocar el fuego, por lo que no le preocupan las voces que plantean demandas.

Presentan recurso contra decreto que amplía desmontes

Cuatro diputados del sur del país presentaron ayer una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta contra el Decreto Supremo  3973, promulgado el 9 de julio, y que permite el desmonte y quemas “controladas” de bosques en Santa Cruz y Beni, para las actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias.

Los accionantes son los diputados Grover Huanca (Potosí), Gina Torres (Tarija), Luis Paz (Chuquisaca) y Horacio Poppe (Chuquisaca) que se presentaron la tarde de ayer en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Poppe explicó que el decreto en cuestión permitió la deforestación y la devastación registrada por los incendios en Santa Cruz y explicó que el mismo además prevé que Beni apruebe su Plan de Uso de Suelos, lo que podría derivar en que “mañana lamentaremos cinco veces más lo que lamentamos en la Chiquitanía”. Recordó que las autoridades de ese departamento plantearon, según sus declaraciones, que se deforesten 5 millones de hectáreas.

“Como medida cautelar pedimos además que no se apruebe ese Plan de Uso de Suelos”, sentenció.

LA VOZ DEL GOBIERNO

El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, apuntó responsabilidades a un decreto que data de 2001, del Gobierno de Hugo Banzer Suárez, y ratificó la política de nuevos asentamientos humanos en esta región.

"¿Qué significa esto?, no es que a partir del mes de julio de 2019 (fecha de promulgación de Decreto 3973) está permitido los desmontes en el departamento (de) Beni, porque en Santa Cruz siempre hubo y se reguló específicamente a través de este Decreto 26075 el año 2001" sostuvo.

Añadió que el Decreto 3973 define la modificación del Decreto 26075, por el que se autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias.

Consultado si a pesar de las graves consecuencias ambientales en la Chiquitanía el Gobierno continuará con su política de traslado de interculturales del occidente, respondió: "Tiene que seguir habiendo asentamientos porque de lo contrario nosotros no vamos a tener alimentos en el futuro, el 70% es producido por las comunidades", dijo.

Admitió que el Gobierno está en una disyuntiva: "por un lado queremos producir más alimentos, y por el otro lado hay gente que dice que no debemos tener más alimentos. (...). Si queremos tener más alimentos significa siempre ampliación de la frontera cultivada y chaqueo y mejorar la productividad".  

Ante las denuncias de varios sectores cruceños, sobre todo de la Chiquitanía por la electoralización de los traslados de gente del occidente al oriente, Cocarico dijo que "es muy peligroso porque se quiere volver al escenario de 2008, cuando había miramientos regionales", dijo.

MANEJO POLÍTICO

El Colegio de Biólogos de La Paz alertó que los últimos incendios de la Chiquitanía son una muestra de que en las últimas décadas se hizo un manejo político irresponsable de la tierra y gestión ambiental con la legalización descontrolada de chaqueos y desmontes, otorgando incluso beneficios irregulares denominados "perdonazos". Varias voces se sumaron al pedido de la abrogación de este polémico decreto, entre ellas la Iglesia católica. A través de un pronunciamiento, la Conferencia Episcopal Boliviana afirmó que "nuestra Casa Común está herida de muerte", en alusión a la Amazonía, y expresó su indignación por el Decreto 3973 que da luz verde a los chaqueos controlados.

El presidente Evo Morales promulgó el Decreto 3973 el 9 de julio, un mes antes que se descontrolaran los incendios en la Chiquitanía. La norma dio luz verde para que, en Santa Cruz y Beni, se autorice el desmonte y quema "controlada" de bosques, para las actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias.

En la jornada

• El Colegio de Biólogos estima que se afectaron 1.200 especies de animales; 3.500 especies de plantas del lugar; 8 especies de maní silvestre y 40 mil árboles maderables de especies como roble, cedro, soto, tarará y yesquero. “Cuantificando la pérdida que se ha quemado se estima que asciende a $us 1.100 millones de recursos maderables", detalló el biólogo Alfredo Fuentes.

• El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, al final de la jornada de ayer informó que los focos de calor que afectan a la Chiquitanía disminuyeron considerablemente tras las acciones realizadas por el avión Boeing Supertanker y las cuadrillas de soldados, policías y bomberos.

Cifras del Gobierno

• 738 mil hectáreas afectadas.

• 8 familias damnificadas.

• 592 personas atendidas.

• 49 personas evacuadas.

• 42 personas pertenecen a la comunidad San Lorenzo.

• 3.700 funcionarios desplegados de distintas instituciones públicas. 

• 160 vehículos operando en las zonas comprometidas.

• 33 cisternas trabajando.

• 8 ambulancias distribuidas en los 14 municipios cruceños afectados.

• 17 toneladas de alimentos trasladadas.

• El Supertanker realizó 4 misiones en Valle de San Juan del Mutún,  al suroeste de Puerto Suárez y en el Valle de Tucabaca de Roboré.