Mientras los incendios forestales continúan registrándose en la Chiquitanía y hasta arrasan casas, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) alertó que "en esta situación hay una grave responsabilidad del Gobierno por el Decreto Supremo N° 3973, que favorece los chaqueos ilegales, sin el necesario análisis y conocimiento del medio".
La CEB, en nombre de los obispos y a través de un comunicado público, consideró que "hay serios indicios" que detrás de este desastre existe una decisión de ampliar la frontera agrícola en Bolivia, que no tomó en cuenta los intereses de la denominada "casa común", ni los principios básicos de la ética ecológica y menos la conformidad de los pueblos indígenas.
Por tanto, "el hecho de que no se realizó el necesario debate nacional (sobre este tema), despierta la sospecha de que hay intereses tras esta situación", advirtió el monseñor Aurelio Pesoa, secretario general de la CEB, al dar lectura al documento.
Pidió que de manera urgente se realice un debate sobre la ampliación de la superficie agrícola, teniendo en cuenta el interés común de todos y principalmente de los pueblos indígenas, que habitan las zonas afectadas por los incendios, que hasta el momento ya destruyeron más de dos millones de hectáreas de bosques y pastizales.
En ese sentido, "como medidas inmediatas, es necesario que el Gobierno revoque de inmediato las autorizaciones de desmontes y chaqueos, declare emergencia nacional en las zonas afectadas, con promulgación de un decreto de inmovilización y pausa ecológica, y absoluta prohibición de todo cultivo y extracción, promoviendo solo actividades de reforestación, así como administrar con eficiencia los recursos procedentes de la ayuda nacional e internacional", apuntó.
La Iglesia católica exhortó a los colonos y pobladores de sectores afectados por los incendios, que "cesen en la actividad del chaqueo incontrolado y se respeten los espacios naturales en bien de la obra de Dios".
El llamado está contemplado en un pronunciamiento que emitió la CEB, en nombre de los Obispos de Bolivia, ante el desastre natural en la Amazonía, la Chiquitanía y el Chaco.
AFLICCIÓN EN SAN MATÍAS Y SAN IGNACIO
En el municipio cruceño de San Matías, la tragedia llegó a siete familias que lo perdieron todo frente a la inclemencia del fuego. La comunidad Minador, distante a 35 kilómetros de San Matías, en la provincia Ángel Sandoval, fue la más afectada. Sus habitantes intentaron salvar sus viviendas y enseres desde el lunes, pero no lo lograron. Los incendios forestales provienen desde la frontera con Brasil y son siete comunidades las que actualmente están siendo amenazadas. La población matieña también sufre por la humareda que provoca enfermedades respiratorias, reportó El Deber.
El alcalde de San Matías, Fabio López, reveló que el municipio ya agotó todos sus recursos en el auxilio a las poblaciones afectadas por el fuego y lamentó que las autoridades nacionales no se hayan pronunciado sobre la declaratoria de desastre nacional.
Pero la aflicción también hizo presa de la comunidad San Lorencito, en la frontera con Brasil, perteneciente al municipio de San Ignacio de Velasco. Allí varias familias también perdieron sus casas y solo salvaron la vida, ahora claman por un poco de solidaridad.
DECLARATORIA DE DESASTRE
La preocupación de la población cruceña fue transmitida ayer por el gobernador Rubén Costas, al ministro de Defensa Javier Zavaleta, en una reunión de coordinación realizada en el aeropuerto de San Ignacio de Velasco, donde también participaron otras autoridades cruceñas y el comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman.
El Gobernador detalló la preocupación de los expertos de la cooperación internacional que consideran que el comportamiento del fuego es extremo y que los pronósticos no son favorables para combatirlo.
“El comportamiento es extremo, según los expertos que nos han dicho que todos los factores y circunstancias están dadas para que siga el fuego”, señaló Costas.
La reunión continuará hoy con más los equipos técnicos de Francia, la Unión Europea y USA para continuar informando de la situación y ajustar las operaciones.
Costas resaltó la desesperación que existe entre los productores y gente que vive en la Chiquitanía, quienes relatan situaciones desesperantes y ratificó la necesidad de la declaratoria nacional de desastre.
Al pedido de la Iglesia católica y la Gobernación cruceña también se sumaron líderes políticos. "Le exijo en aras de Santa Cruz, de Bolivia, de la reserva del bosque Chiquitano, que declare Desastre Nacional, no nos podemos dar el lujo y usted (Presidente) menos que nadie de seguir con la indolencia", manifestó el candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, mediante un video publicado en sus redes sociales.
Unidad Nacional (UN), partido presidido por el empresario Samuel Doria Medina, pidió también que se haga efectiva la declaratoria de desastre.
"Exigimos que Evo Morales deponga la actitud que le impide declarar desastre nacional solamente por razones político-propagandísticos, que este gobernante antepone a las necesidades del país y de su gente", señala parte de un pronunciamiento de UN.
En el Tunari
En Cochabamba, un nuevo incendio afectó anoche el Parque Nacional Tunari, en la comunidad de Tirani, en Cercado. El fuego de magnitud fue controlado alrededor de las 22:30, luego de varias horas de intenso trabajo de bomberos, voluntarios y comunarios.
En duda presencia de Evo en la ONU
La participación del presidente Evo Morales en la próxima Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) dependerá de la situación de los incendios que afectan a la Chiquitanía boliviana.
"Si se dan las condiciones necesarias, el Presidente estará participando a partir del 23 (de septiembre) en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas", informó ayer el canciller Diego Pary.
La cita de alto nivel en Nueva York abordará el tema de los incendios en la Amazonía, una de las mayores reservas naturales del planeta amenazada por el fuego. "Nos interesa buscar alianzas y en este marco Francia es uno de los países importantes de Europa que está predispuesto a trabajar junto con nuestros países (amazónicos) y, en ese marco, deseamos seguir impulsando todos los programas, proyectos y todos los aspectos que puedan ayudar a reforestar, puedan ayudar a la recuperación de la Chiquitanía boliviana", explicó.
Una vez que sean mitigados los incendios en el oriente, Pary señaló que el Gobierno encarará un plan para la reforestación y la conservación de la biodiversidad.
"Sin duda ha sido muy importante el diálogo que ha existido entre el presidente Emmanuel Macron y el presidente Evo Morales quienes han decidido impulsar diferentes trabajos para la recuperación, para la restauración de la Amazonía boliviana y en este marco también se está buscando tener una reunión bilateral" en la ONU, agregó.
Se suman los helicópteros Sikorsky
Dos helicópteros Sikorsky, cada uno con capacidad para transportar 4.000 litros de agua, comenzaron a operar ayer en el municipio de San Ignacio de Velasco.
Las aeronaves llegaron la mañana de ayer al Aeropuerto Internacional Viru Viru en Santa Cruz, donde fueron recibidos por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), Williams Kaliman.
Ambos son de fabricación americana y pertenecen a la empresa canadiense especializada en combate de incendios, Coulson.
Fueron alquilados por el Estado y según el Comandante en Jefe de las FFAA se "quedarán en el país el tiempo que sea necesario". "Gracias al apoyo internacional, el esfuerzo y la unidad de nuestro pueblo, contamos con las tres aeronaves antiincendio más grandes del mundo que refuerzan una flota combinada que trabaja sin descanso para apagar los focos de calor en la Chiquitanía", escribió el presidente Evo Morales en Twitter.
El Gobierno contrató el avión cisterna Boeing B747-400 Supertanker considerado el más grande del mundo, que inició operaciones el 23 de agosto.
Se contrató además el helicóptero Boeing CH-47 Chinook que tiene una capacidad de carga de hasta 12.000 litros de agua, empezó a operar el martes y, finalmente, también apoya el avión ruso Ilyushin IL-76 cuyos gastos de operación son cubiertos por el Estado boliviano.
Asimismo, helicópteros Super Puma y Z-9 de las Fuerzas Armadas, entre otros, combaten el fuego junto al menos a 50 cisternas y más de 200 vehículos para el transporte de brigadistas y voluntarios.
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