Las organizaciones afínes anuncian defensa del MAS
Aseguran que no permitirán el retorno de la "derecha" al Gobierno
RESOLUCIÓN. Las organizaciones sociales afínes al MAS. Foto: Archivo Aa escasos 12 días de las elecciones generales, las organizaciones afínes al Movimiento Al Socialismo (MAS) cerraron filas ayer en defensa del proceso de cambio. La ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas "Bartolina Sisa", Segundina Flores, advirtió incluso con una "lucha armada", aunque luego fue desautorizada.
"Nosotros tenemos la lucha armada, lucha en las calles, en las carreteras, tenemos pues esa lucha organizada, hemos llegado con la misma y vamos a defender la misma", dijo Flores.
Una segunda vuelta electoral no está en los planes del sector, aseguró y apuntó que en su momento se verá que ocurrirá.
La diputada opositora Lourdes Millares señaló que dicha advertencia es delictiva y debería investigarse a Flores por "instigación pública a delinquir".
El vicepresidente del MAS, Gerado García, no tardó en desautorizar las palabras de Flores. "No, eso no es así, en ningún momento, no somos de los que vamos a amenazar a nadie, las organizaciones sociales hemos sido un sector pacífico", dijo a Fides.
Señaló que algunos de sus "compañeros se disparan" y son posiciones "un poco apresuradas", insistió el dirigente al afirmar que se acatarán los resultados de los comicios de octubre.
El ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), Jacinto Herrera, agregó, por su parte, que el proceso de cambio no tiene retroceso y retó a los cívicos a demostrar que hay asentamientos ilegales en la Chiquitanía.
El cabildo cruceño del 4 de octubre decidió la expulsión de colonos en asentamientos ilegales en tierras fiscales.
"¿A ver que nos saquen? Es puro discurso nomás. Yo desafío al presidente del Comité Cívico que nos demuestre dónde hay asentamientos ilegales en comunidades, que desalojen a latifundistas y extranjeros. No a nosotros", indicó Herrera.
El lunes, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, aclaró que el desalojo sería pacífico y a través del diálogo. Ayer tras su primera inspección en la Chiquitanía, los cívicos identificaron 152 asentamientos irregulares en San Ignacio de Velasco.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, advirtió que la dirigencia cívica será responsable de los actos violentos que se podrían registran en un posible desalojo de campesinos y señaló que se están tomando atribuciones que no corresponden.
Medidas
Los dirigentes del Pacto de la Unidad conformado por la Confederación de Comunidades Interculturales, la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo y la Confederación Indígena del Oriente Boliviano, emitieron ayer un voto resolutivo respecto a las elecciones generales y la Chiquitanía.
"Los pueblos indígenas, originario, campesinos no vamos a permitir el retorno de los intentos divisionistas, ni racistas, ni discriminadores. Defenderemos la unidad del país", es parte de las determinaciones de las organizaciones, según el voto resolutivo leído por el ejecutivo de la Confederación de interculturales, Henry Nina.
