Después de que el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, denunciara que el coordinador del aeropuerto de El Alto, Ibert Aguilar, buscaba generar temor y amenazas al convocar a militantes del MAS a su llegada a La Paz, resurgieron viejos casos que el funcionario público tuvo con la justicia.

En 2012, Aguilar fue investigado por la Fiscalía por causar daño económico al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi). Junto con un grupo de exfuncionarios de dicha entidad fue acusado de participar en la creación, verificación, aprobación y firma de comprobantes de ejecución por conceptos inexistentes.

“Los que hicieron el manejo irregular y discrecional de recursos públicos se apropiaron de manera sistemática de recursos públicos y realizaron, de forma ficticia, las contrataciones, no existiendo ningún respaldo con la complicidad de sujetos externos”, reza la imputación, que volvió a ver la luz en las últimas horas.

Incumplimiento de deberes, prolongación de funciones, conducta antieconómica, peculado y complicidad eran los delitos por los que Aguilar fue investigado junto con otros tres funcionarios, según la denuncia del Senapi a la Fiscalía.

Un medio paceño evidenció que el funcionario fue imputado por el delito de falsificación material al haber falsificado su título profesional. Este tema fue abordado por el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, que evidenció que Aguilar falseó su licenciatura en Economía.

Aguilar fue acusado por Luis Fernando Camacho de notificar a los militantes del MAS sobre su arribo a La Paz, quienes luego tomaron la terminal aérea para impedir que el cívico cruceño llegue hasta la ciudad de La Paz, donde hoy tenía planeado extenderle una carta de renuncia al presidente Evo Morales.