Hay preocupación en la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reclamó ayer por el decreto que exime a las Fuerzas Armadas de toda responsabilidad penal en su tarea de contener los conflictos sociales en el país porque  pondría en riesgo de impunidad posibles hechos de violación de los derechos humanos, a lo que el Gobierno respondió que no tienen una "carta blanca para actuar".

En un comunicado, la CIDH expresó su “enérgica condena al uso excesivo de la fuerza por parte de operaciones combinadas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para reprimir recientes manifestaciones en Bolivia" y urgió al Estado “a tomar las medidas necesarias para evitar la impunidad”.

El organismo demandó al Gobierno “garantizar el derecho a la reunión pacífica y a adoptar medidas urgentes para preservar la vida e integridad de sus habitantes, así como para garantizar el trabajo de los periodistas y de los organismos autónomos de protección y defensa de los derechos humanos”, en medio de la crisis.

Consideró “crucial” que se construya un diálogo.

“Es de particular preocupación para la Comisión el hecho de que se estén realizando operaciones combinadas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para el control del orden público, sin que haya adecuado sustento legal”, refiere otro punto del documento en referencia al Decreto 4078, que exime de responsabilidad penal a los militares que, junto a los policías, participan de los operativos de desbloqueo y contención de movilizaciones, como el ocurrido en Cochabamba. 

La CIDH informó ayer que su secretario ejecutivo Paulo Abrão, estará en el país entre el 22 y 25 de este mes para evaluar la situación de derechos humanos. En Twitter, la CIDH confirmó la "visita de trabajo" liderada por Abrão junto con un equipo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, órgano autónomo de la OEA.

RESPUESTA DE LA CANCILLERÍA

Las Fuerzas Armadas “no tienen carta blanca para actuar” y el Decreto 4078 busca preservar la integridad de los bolivianos y evitar el vandalismo, respondió ayer el Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez.

La Cancillería recordó, en un comunicado, que los militares “deben conducirse bajo los principios de absoluta necesidad y proporcionalidad ante los disturbios violentos, para contener el ataque que se está desarrollando contra la vida y la propiedad de ciudadanos bolivianos”.

Para el Gobierno el decreto en cuestión está enmarcado en la legislación y respeto a los derechos humanos. “El objetivo del Decreto es preservar la integridad de los bolivianos, y evitar mayores actos de vandalismo, que ya se efectuaron en contra de domicilios privados, establecimientos comerciales y reparticiones de la Policía nacional, incluyendo la quema de buses del transporte público y el saqueo a reparticiones estatales”, agrega el comunicado.

LA ONU

La ONU, a su vez, llamó a la contención a todos los actores de la crisis y subrayó que la muerte de manifestantes civiles no se pueden aceptar y que tiene que haber una rendición de cuentas.

"Estamos preocupados por los acontecimientos. Es importante volver a llamar a todos los actores a que den una oportunidad al diálogo, incluyendo con el ejercicio de contención tanto en actos como en palabras", dijo ayer en la sede de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, el portavoz del jefe de la organización, António Guterres.

Aunque no quiso referirse al Decreto 4078, Dujarric recordó que el delegado de la ONU, Jean  Arnault, mantiene en el país contactos con actores políticos y sociales con el fin de subrayar la necesidad de que termine la violencia y se protejan los derechos humanos y para apoyar una salida "pacífica a la crisis" con unas "elecciones libres, creíbles e incluyentes".

DEFENSORÍA

La Defensoría del Pueblo presentó ayer una acción de inconstitucionalidad abstracta contra el Decreto 4078 y exigió al Gobierno la desmilitarización para evitar más muertes.

La defensora Nadia Cruz enfatizó que la desmilitarización podría ser un primer paso para que el Gobierno pueda abrir un acercamiento e iniciar un proceso de diálogo efectivo para promover una real pacificación del país. Recordó que la intervención militar solo está dejando muertes, la anterior semana en Huayllani (Sacaba) y ayer en Senkata.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, demandó la derogación de este decreto durante una reunión sostenida con el Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez. El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, al respecto señaló que está de acuerdo con derogar el decreto, pero condicionó la demanda a la desmovilización de los sectores violentos.

En la jornada

• Campesinos afines al MAS decidieron mantener cercos y bloqueos en departamentos sobre todo de la zona andina. 

• Representantes de los Yungas expresaron su respaldo al Gobierno y pidieron a los sectores en conflicto que depongan actitudes de violencia. 

• Legisladores de UD anunciaron una demanda contra cuatro alcaldes de La Paz y un diputado del MAS por sedición.

• Productores apoyaron ayer a los Policías para desbloquear carreteras bloqueadas en los valles cruceños.

• El Transporte Pesado denunció que 5.000 camiones están varados en las carreteras. 

• La Policía investiga la identidad de quienes torturaron y provocaron la muerte de un sargento de Policía en El Alto.

• Rafael Chambi, el ciudadano que le gritó "Bolivia dijo no" a Evo Morales en Potosí, obtuvo su libertad. 

• Una turba quemó y destrozó la estación policial del municipio de Punata.

• La Fiscalía ordenó la aprehensión del Director de Informática del Tribunal Supremo Electoral, procesado por delitos electorales y corrupción.