Dirigentes alteños marcharon y pidieron justicia por las ocho muertes ocurridas el pasado martes durante los enfrentamientos contra las fuerzas combinadas del Ejército y la Policía que resguardaban un intento de toma y destrozo de la planta de YPFB en Senkata. Ayer, la marcha con más los féretros intentó llegar a la plaza Murillo para exigir la renuncia de la presidenta Jeanine Áñez, sin embargo fue gasificada en su intento. El Gobierno intentará hoy instalar una mesa de diálogo.
La dirigencia de una de las Fejuves de El Alto, a la cabeza de Fernando Condori, pidió justicia para los fallecidos, cuando –según sus palabras– la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fue atacada por “infiltrados y no así el pueblo alteño”.
Condori, que asumió el cargo recientemente, dijo que los alteños fueron "masacrados" por las Fuerzas Armadas, "solo por bloquear". Recalcó su pedido de justicia y pidió que el Estado se haga cargo de las muertes.
El dirigente aseguró que quienes incitaron a la violencia en Senkata fueron infiltrados que deben ser juzgados. Reveló también que "vándalos infiltrados" aprovecharon el caos para atacar la casa de la familia de la alcaldesa Soledad Chapetón. Negó que el pueblo alteño haya protagonizado dichos actos de violencia.
LA COR PROTESTA
Por su parte, la Central Obrera Regional (COR) de El Alto determinó, en un ampliado extraordinario de emergencia, exigir la renuncia del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, a quien responsabilizan por las muertes.
La organización rechaza las constantes "amenazas, amedrentamiento y discriminación" hacia El Alto con calificativos como "vándalos, alcohólicos y terrorista".
"Los alteños tenemos dignidad, por lo tanto, exigimos la inmediata renuncia del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, por los asesinatos de más de nueve alteños y más de 50 detenidos en la zona de Senkata", se lee en su pronunciamiento.
La COR también exige la inmediata abrogación del Decreto Supremo 4078 que exime de responsabilidad penal a los miembros de las Fuerzas Armadas que actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en operativos de restablecimiento del orden público.
La COR también exhortó a la Asamblea Legislativa a que de forma inmediata apruebe una ley corta para la convocatoria a elecciones en el tiempo más breve posible.
LA MARCHA
La Policía dispersó ayer con gases lacrimógenos la marcha que llegó a La Paz desde El Alto con féretros de varios de los fallecidos.
La marcha llegó a las 14:30 a la plaza de San Francisco, donde agentes policiales comenzaron a lanzar gases obligándolos a dispersarse.
"Hemos sido matados", gritó una mujer, "y ahora somos gasificados".
Algunos féretros fueron bajados al suelo por los manifestantes que acompañaron a los vehículos que transportaron los ataúdes desde de El Alto, mientras pedían ayuda para atender a gente afectada por los gases.
OCHO MUERTOS
La Defensoría del Pueblo confirmó ayer que los ocho civiles fallecidos entre el martes y el miércoles recibieron impactos de proyectiles de armas de fuego, cuya autoría se investiga.
El Gobierno mantiene su posición de que los disparos mortales no son de militares, aunque por ahora no hay una versión oficial sobre los autores.
"Todos sin excepción presentaban lesiones y traumas provocados por proyectil de arma de fuego", determinó un informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realizado por médicos, un radiólogo y un perito en criminalística.
La Defensoría instó a los posibles testigos a declarar ante el Ministerio Público para colaborar en la investigación.
Con los ocho fallecidos del martes en El Alto, la cifra de muertos desde que estalló la crisis tras las elecciones del 20 de octubre subió a 32.
Inicialmente los familiares se habían negado a que los cuerpos que eran velados en la parroquia San Francisco de Asis fueran llevados a una morgue y la Defensoría medió para que aceptaran las autopsias, las que finalmente se realizaron en dicho templo.
Organizaciones se reúnen hoy con el Gobierno
La presidenta Jeanine Áñez pidió a El Alto reconciliación y diálogo, para el cual puso a disposición al pleno de su gabinete ministerial y solicitó acompañamiento de organismos internacionales y la Iglesia.
"Lamentamos desde el corazón las muertes de nuestros hermanos en El Alto. Nos duele porque somos un Gobierno de paz y por eso les pido que nos unamos para reconciliarnos, para que construyamos juntos la Bolivia por lo que todos estamos luchando, para que nunca más un boliviano esté por encima del otro", dijo Áñez en un video publicado en redes sociales.
La ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, informó más tarde que el diálogo se instalará hoy, viernes, con los dirigentes de la Fejuve de El Alto y de las 20 provincias del departamento de La Paz, en procura de encontrar consensos con miras de pacificar el país.
Pacificación
1. El Gobierno se abrió a derogar el decreto que libra de acciones penales a las FFAA, pero pidió señales por parte de los manifestantes.
2. La CIDH confirmó que iniciará hoy, viernes, una observación de la situación de derechos humanos en el país.
3. La titular del Senado, la alteña Eva Copa, llamó a atenuar la tensión. “Hermanos, pacifiquemos el país, depongamos posiciones”, pidió.
