El tratamiento del proyecto de “Ley extraordinaria para reafirmar el ejercicio de los derechos y garantías del pueblo boliviano”, que incluiría un artículo que impide el procesamiento penal del expresidente Evo Morales en la justicia ordinaria, planteado por el MAS, estuvo a punto de echar por la borda la convocatoria a elecciones, pero fue aplazado luego de la intervención de organismos internacionales que participaron como mediadores de la negociación política en la Asamblea Legislativa.

El presidente de la Comisión de Constitución, Óscar Ortiz (UD), informó que el debate de la norma se suspendió gracias a la apertura de un bloque de legisladores del MAS que aceptaron ingresar en una negociación previa de esta norma para garantizar que esté en el marco del proceso de pacificación del país.

"Se ha suspendido en el Senado el tratamiento del proyecto de ley. Hay que destacar a una parte de los senadores del MÁS que entendieron que este proyecto es inconstitucional", explicó Ortiz.

Una vez que se asumió esta decisión, fue comunicada al pleno de la Cámara Alta por su presidenta, Eva Copa, que informó que se aplazaba el tratamiento para una próxima sesión.

La senadora Adriana Salvatierra, considerada parte del ala dura del MAS, durante el pleno, lamentó la determinación y consideró que la norma es necesaria para que se garantice la paz social, ya que incluye la atención para las víctimas de los conflictos sociales que dejaron más de 30 muertos.

La presidenta del Estado, Jeanine Áñez, había anticipado ayer que no promulgaría la ley que el MAS intentaba aprobar en la Asamblea Legislativa y que tenía como objetivo proteger de procesos penales en la justicia ordinaria al expresidente, además de permitir la liberación de todos los presos implicados en hechos de violencia desde su renuncia, el pasado 10 de noviembre.

Áñez aseguró, en conferencia de prensa, que su Gobierno ha dado las garantías de que no se perseguirá políticamente a nadie, pero que también actuará en correspondencia aceptando las decisiones de la justicia de investigar y sancionar a responsables de delitos.

“Mi decisión es clara y firme, no voy a promulgar esa ley. No podemos otorgar protección a quienes han sometido, perseguido, engañado y burlado a los bolivianos”, aseguró Áñez.

Proyecto de Ley

El proyecto de ley amnistía a Evo fue presentado por la senadora Sonia Chiri (MAS).

Posible amnistía a Evo frena Ley

El artículo 7 del polémico proyecto normativo establece que Evo Morales y Álvaro García Linera “no podrán ser enjuiciados, procesados ni perseguidos por ningún tribunal ni autoridad de la jurisdicción ordinaria, por delitos cometido en el ejercicio de sus funciones, hasta la fecha de la promulgación de la presente ley”, es decir que serían beneficiados con juicios de privilegio por acciones que hubieran asumido aún después de haber renunciado y abandonado sus cargos, el pasado 10 de noviembre.

El documento también plantea dar amnistía también a exministros de Estado, asambleístas del MAS por los actuales o futuros procesos penales que puedan ser objeto en instancias del Ministerio Público o la justicia ordinaria.

El objeto también es “prohibir las acciones de hecho, detenciones, aprehensiones y procesos judiciales” contra dirigentes del MAS y plantea la aplicación obligatoria en todo el territorio nacional por parte de los cuatro órganos del Estado, instituciones, entidades, empresas públicas como privadas, y fundamentalmente las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, bajo responsabilidad en caso de incumplimiento.

Al referirse a las personas detenidas, señala que el Ejecutivo solicite al Ministerio Público y al Órgano Judicial, la salida en libertad de las personas detenidas en las movilizaciones a partir de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019. Indica también que “el Órgano Judicial dispondrá la libertad de las personas detenidas en las movilizaciones llevadas adelante” desde las elecciones.

También indica que, dada la actual coyuntura de la nación, el Ejecutivo entregue de manera inmediata los salvoconductos que sean requeridos por el Estado que haya concedido diferentes formas de asilo a exautoridades, dirigentes y personas particulares, así como viabilizar  su inmediata salida del país en apego a los convenios internacionales en materia de asilo.