Si el Gobierno anterior hubiera respetado la Constitución Política del Estado (CPE), el país hubiera ahorrado 410 millones de bolivianos.
La aspiración de Evo Morales de mantenerse en el poder cuando las leyes no se lo permitían, hizo que se convocara a un referendo para modificar la CPE y habilitarlo para ser candidato. El referendo del 21 de febrero de 2016 costó 166 millones de bolivianos y la mayoría de la población votó en contra de una nueva postulación.
Sin embargo, a través de un recurso constitucional presentado por su partido, Evo Morales y Álvaro García Linera lograron habilitarse para las elecciones generales de octubre pasado. Antes de llegar a esa instancia y pese a que ningún partido presentó más de un binomio, se celebraron las elecciones primarias: el 27 de enero de 2019 los militantes de cada partido votaron por su única opción. El costo de ese proceso fue de 27 millones de bolivianos.
Finalmente, los comicios del 20 de octubre que terminaron siendo anulados luego de que se encontraran indicios de fraude, requirieron de un presupuesto de 217 millones de bolivianos.
En total, 410 millones de bolivianos –lo que equivale a 13 aceleradores lineales o 164 carros bomberos– fueron destinados a procesos electorales que no tuvieron efecto político. Bolivia ahora se encamina hacia un proceso electoral que cumple con el mandato de la CPE: no podrán postularse Evo Morales ni Álvaro García Linera.
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