El Gobierno creó el Comité Interinstitucional de Defensa a las Víctimas de Injusticia por Motivos Políticos e Ideológicos, de los últimos 14 años en que gobernó el MAS, con el propósito de que los exiliados tengan la posibilidad de volver al país para enfrentar sus procesos judiciales con garantías.
El anuncio fue realizado en Palacio de Gobierno por la presidenta Jeanine Áñez y el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra.
"Estamos trabajando en conjunto con el Órgano Judicial y el Ministerio Público para que aquellos que han sido perseguidos y exiliados políticos de manera injusta, en estos 14 años de dictadura del gobierno de Morales, puedan retornar al país para asumir su defensa con todas las garantías constitucionales", indicó la Mandataria.
Aclaró que no se atenderán casos de delitos comunes, delitos de lesa humanidad y tampoco narcotráfico.
Coímbra acotó que existen alrededor de 1.399 exiliados, que se fueron del país por motivos políticos y que fueron víctimas de persecución sin un debido proceso.
Indicó que se trabaja con el Ministerio Público, para que los exiliados regresen sin ser aprehendidos y se puedan presentar en juzgados para purgar su rebeldía y asumir defensa.
Como ejemplo, mencionó que esta medida también acogería al exprefecto de Tarija, Mario Cossío, quien anunció su regresó al país para el 16 diciembre, a pesar de que tiene una condena en su contra.
El primero en retornar ayer fue el expresidente de la Unión Juvenil Cruceñista, David Sejas, tras diez años de exilio en Brasil, ante las acusaciones vertidas en su contra por vínculos con una supuesta célula terrorista desbaratada en 2009, que el MAS tildó de un intento de magnicidio.
El Gobierno aclaró que no alcanza a Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado de crímenes de lesa humanidad, ni tampoco a Evo Morales porque solo se tratarán casos suscitados en los 14 años del MAS. Negó tambien que se avale la impunidad.
Coímbra explicó que el Comité, conformado por reparticiones del Ministerio de Justicia, recibirá las denuncias en oficinas departamentales. Tendrá 30 días para recabar la información y 20 días más para emitir resoluciones individuales.
En sus resoluciones, explicó que se podría detectar vulneraciones a los derechos de los procesados y sugerir que se reconduzca sus procesos. El Ministro negó, sin embargo, que se trate de una amnistía.
En un comunicado, la Fiscalía General comprometió cumplir un trabajo transparente y objetivo enmarcado en las leyes, para verificar la situación jurídica de las personas que salieron del país por temas políticos e ideológicos.
