La CIDH advierte que el decreto de indemnización no puede ser condicionado
La norma prevé una indemnización de 50 mil bolivianos a las familias de los fallecidos y heridos que dejaron los conflictos postelectorales.
Uno de los actos realizados por los familiares de los fallecidos en Senkata. Foto: Archivo APG La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que las indemnizaciones aprobadas por el Gobierno de Bolivia dirigidas a las familias de las víctimas mortales de la represión de las protestas por la crisis política no pueden estar condicionadas a dejar de lado una investigación internacional de los hechos.
El Decreto Supremo 4100 prevé otorgar 50 mil bolivianos a las familias de las víctimas mortales registradas durante los disturbios acaecidos en Bolivia después de las elecciones del 20 de octubre. Sin embargo, de aceptarlos, el decreto prevé que los damnificados no puedan acudir a organismos internacionales con el objeto de emprender una investigación.
"La CIDH advierte de que el Decreto Supremo 4100, que establece una indemnización monetaria y algunos servicios de salud para las víctimas de la crisis, no puede jurídicamente cerrar ni obstruir el acceso de las víctimas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos", indicó el organismo a través de su cuenta de Twitter.
En este contexto, el organismo recordó que la compensación monetaria "es sólo uno de los componentes del derecho a la reparación integral que tienen las víctimas en Bolivia", pero que este derecho "también incluye medidas de satisfacción, rehabilitación, verdad, justicia y garantías de no repetición".
"Las víctimas de violaciones de Derechos Humanos tienen acceso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en razón de los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Bolivia", añadió, al tiempo que ha tachado de "preocupante" que el decreto pretenda eximir a las víctimas de acudir a instancias internacionales.
Así, "la reparación administrativa es un avance y no exime a los organismos internacionales de analizar la responsabilidad estatal, ni de la obligación que tiene el Estado de adoptar otras medidas para reparación integral", ha zanjado la CIDH.
Los familiares de las víctimas mortales de Senkata ya rechazaron el viernes el decreto de indemnización, que catalogaron de "expreso chantaje" porque, precisamente, les cierra la oportunidad de reclamar una investigación a instancias internacionales. El colectivo de víctimas también aseguró que esta medida es "discriminatoria y denigrante".
El jueves, la presidenta Jeanine Añez promulgó el Decreto Supremo 41000 que autoriza otorgar asistencia humanitaria e indemnización a los familiares de los fallecidos y heridos que dejaron los hechos de violencia surgidos tras las elecciones - anuladas- del 20 de octubre.
