Tras su rápido debate en el Legislativo impulsado por la bancada mayoritaria del MAS, el Gobierno analiza enviar al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el proyecto de Ley de Garantías de manera preventiva y con el objetivo de evitar la impunidad y violaciones a las normas.

"Estamos analizando la posibilidad de hacer una consulta previa de constitucionalidad al Tribunal Constitucional. Nosotros consideramos que este proyecto de ley no es necesario, todos los pedidos que han hecho las organizaciones sociales se han cumplido", informó ayer el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.

Ese proyecto, que fue aprobado en la Cámara de Diputados y está a la espera de su revisión en el Senado, pretende garantizar los derechos de las personas movilizadas durante el conflicto político y social que detonó el fraude en los comicios del 20 de octubre y prohibir aprehensiones arbitrarias.

"No corresponde dar garantías cuando ya lo establece la Constitución y las leyes en nuestro país", argumentó Núñez y aseguró que no existe persecución política en el país, tal como denunciaron legisladores y militantes del MAS.

Organizaciones afines al MAS también demandaron, a través de ese proyecto de ley, la abrogación del Decreto 4078, referido a la participación de militares en los operativos de restauración del orden público; y la indemnización para las víctimas fatales y heridos en las jornadas de protestas.

El Gobierno atendió esas dos últimas demandas, pero dejó en claro que no puede entrometerse en las decisiones del órgano Judicial que investiga los hechos de vandalismo y delitos registrados entre octubre y noviembre. "Nos están pidiendo que hagamos injerencia sobre el Poder Judicial (...), no podemos aprobar esta ley donde le podemos garantizar que la justicia no va a hacer su trabajo, la justicia es un poder independiente y, por lo tanto, no podemos desde el Ejecutivo garantizar que no va a haber procesos judiciales a quienes de repente en ese momento incumplieron la ley", apuntó Núñez.

Sin embargo, el diputado del MAS Lino Cárdenas afirmó que el control de constitucionalidad que pretende realizar el Gobierno no responde a la coyuntura política actual. "Una consulta al TCP demora meses (...), por ello nosotros lo consideramos impertinente", afirmó al anunciar que la aprobación y promulgación de la norma terminaría de pacificar al país.

Entretanto, la presidenta del Senado, Eva Copa, también del MAS, informó que todavía no hay fecha para tratar ese proyecto de ley en la Cámara Alta.

Jóvenes rechazan Ley y amenazan con cercos al Órgano Legislativo 

Un colectivo de jóvenes protestó pacíficamente anoche en proximidades de la plaza Murillo, en La Paz, en rechazo al proyecto de Ley de Garantías para el Ejercicio Pleno de Derechos Constitucionales y advirtió con cercar el Legislativo si se promulga esa norma.

"Nosotros pedimos nuevamente pacíficamente, que si los masistas aprueban esa ley, las protestas volverán a las calles (...), si siguen con la ley de garantías nosotros vamos a hacer cercar y que se cierre el Parlamento, el Congreso nacional", afirmó uno de los representantes de ese colectivo, Fernando Rojas.

Otro representante de ese colectivo, José Terrazas, dijo que la población pide "cero impunidad" por los hechos que sucedieron en noviembre, después de la renuncia de Evo Morales a la Presidencia. 

"El pueblo boliviano, nosotros que somos humildes, que somos trabajadores, no tendremos tolerancia contra la corrupción, no toleraremos ningún acto de impunidad", indicó.