La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno firmaron un acuerdo para crear un Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI) que coadyuvará en la investigación de los "hechos de violencia en el contexto electoral entre septiembre y diciembre" en el país. El pacto surge tras el pedido que hizo el Gobierno para que la CIDH pueda complementar su informe inicial, tildado de sesgado.
Según un documento publicado por el organismo, las nuevas investigaciones darán continuidad a la visita que ya realizó la comisión al país, entre el 22 y 25 de noviembre, donde en su informe señalaron que se detectó una serie de violaciones de derechos humanos registrados tras las elecciones fraudulentas, aunque el documento presenta varias omisiones.
"Constituir de común acuerdo un grupo GIEI de derechos humanos, integrados por cuatro personas y designado por la CIDH con la finalidad de apoyar y coadyuvar las acciones iniciadas por el Gobierno de Bolivia, el cual contará con un equipo técnico propio para el desempeño de sus funciones", se lee en el documento.
Ampliación de informe
La canciller Karen Longaric confirmó la visita de los expertos internaciones para ampliar los informes sobre los hechos trágicos durante el conflicto que se desató tras las elecciones anuladas del 20 de octubre y la posterior renuncia de Evo Morales a la Presidencia.
"Se trata de una visita 'in loco' que tiene el objetivo de ampliar el marco temporal de verificación de la situación de los derechos humanos en el país, incluyendo en su análisis hechos, procesos y factores causales de todo el conflicto", dijo.
La autoridad remarcó que con esta nueva intervención se busca rectificar el informe preliminar que ya presentó otra comisión de la CIDH, donde en su informe preliminar, califica de "masacre" las muertes en Senkata, pero no mencionó que existía una amenaza de atentar contra la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El organismo también reportó sobre la presencia de grupos armados que ejercieron violencia durante los días de conflicto que vivió el país, e hizo alusión a la "Resistencia Cochala", pero no mencionó al grupo de personas que desalojó por la fuerza a la Policía de Yapacaní y les arrebató sus armas y vehículos, entre otros datos, que según las autoridades se omitieron por la organización internacional.
Varias autoridades del Ejecutivo censuraron el informe de la CIDH porque se basó mayoritariamente en testimonios de las víctimas de la represión, pero no se requirió la versión del Ejecutivo.
El tema también resonó ayer en la sesión de Consejo Permanente de la OEA, donde el delegado presidencial, Jorge Tuto Quiroga, reprochó a la CIDH por pronunciarse con celeridad sobre la crisis poselectoral, pero no así sobre las violaciones a derechos humanos en el gobierno de Morales, con casos como Leopoldo Fernández, Hotel Las Américas o Róger Pinto.
Quiroga dijo que la CIDH es bienvenida al país, pero espera que también refleje ahora en su informe que un miembro de las FARC, Facundo Molares, dio de baja a dos personas y ahora está en la cárcel de Chonchocoro, o que también mencione que se atacó con explosivos a la planta de Senkata, lo cual podría haber generado miles de muertes.
Observación
El informe que el Gobierno considera sesgado, fue fruto de una visita de observación de la CIDH en noviembre a cuatro ciudades del país, en el cual se calificó de "masacres" las muertes de al menos 18 civiles por disparos en dos operativos militares y policiales ese mes, entre otras posibles violaciones de derechos humanos como "ejecuciones extrajudiciales".
