México denuncia a Bolivia ante la CIJ

El Gobierno mexicano anunció hace minutos que denunciará a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la ONU por “el asedio” a su embajada en La Paz, donde están asilados, entre otros, los ex ministros Juan Ramón Quintana y Wilma Alanoca.

Apoyado por el presidente azteca Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el canciller de ese país, Marcelo Ebrard, se pronunció en conferencia de prensa diaria sobre el difícil momento que atraviesan las relaciones bilaterales entre ambos países.

La denuncia, que “va dirigida contra las autoridades de facto de Bolivia y las acciones que están asumiendo”, será planteada este mismo jueves. Aunque inicialmente dijo que “el día de hoy México está presentando un instrumento jurídico ante la Corte Penal Internacional por violación a obligaciones diplomáticas”, hace minutos en su cuenta de Twitter aclaró: "Presentaremos recurso ante la Corte Internacional de Justicia para que el asedio policial y militar a las  sedes de la Embajada de México en Bolivia sea suspendido. Demandamos respeto a la Convención de Viena y al Pacto de Bogotá en la materia". 

La autoridad indicó que no permitirán “bajo ninguna circunstancia, que se viole  la territorialidad y soberanía de México”, pues interpretó que eso está ocurriendo con la vigilancia policial reforzada en la sede diplomática.  

Según sus palabras, “las autoridades de facto” del gobierno de Jeanine Áñez no pueden ejecutar ninguna acción sobre Quintana y Alanoca, porque gozan de protección en base a la figura del asilo, según el derecho internacional.

Ebrard indicó que las acciones de México sobre este tema cuentan con el apoyo de toda la Unión Europea (UE) y varios países latinoamericanos. “¿Quién en su sano juicio va a apoyar que se violente su sede diplomática?”, preguntó a la prensa, para argumentar que lo que se busca con la denuncia ante la CPI es una “decisión jurídica, ya no solamente política”.

Consultado sobre otras medidas que tomará México, dijo que se descarta el cierre de la Embajada y el Consulado general en La Paz, aunque “lo haríamos como un último recurso (pero) espero que no lleguemos hasta allá”.

Remarcó que AMLO le encargó velar por la integridad y seguridad de los 10.000 mexicanos residentes en Bolivia, para los que está “un plan de emergencia en curso”, pero se excusó de dar a conocer mayores detalles. En muchas de sus intervenciones insistió en llamar a la administración de Áñez como “autoridades de facto”, porque definitivamente no reconoce su mandato desde el inicio de la crisis, en noviembre pasado.

“El costo mayor es un atropello a la soberanía de México y eso no lo vamos a permitir jamás (…) Que se preserve y respete la integridad de las instalaciones (de la Embajada) y de quienes están en su interior; lo exhortamos, nunca se puso en riesgo…ni en los peores golpes militares”, advirtió Ebrard.

“Más vale prevenir que lamentar, “de antemano ya hay un problema cuando hay ese tipo de despliegue (de la Policía)” y “(la demanda contra Bolivia) será un caso muy relevante”, fueron otras de sus frases.

Bolivia dice que con los operativos policiales reforzados en la Embajada azteca se asegura para detectar cualquier “ayuda y complicidad” para evitar “que los fugitivos abandonen el país”.