TSE anuncia para el 3 de mayo las nuevas elecciones generales

Bolivia acudirá nuevamente a las urnas el domingo 3 de mayo para elegir a su presidente y vicepresidente y renovar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, tras los fallidos comicios de octubre que fueron anulados por el fraude electoral, anunció ayer el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Las elecciones se celebrarán "el primer domingo del mes de mayo", dijo escuetamente en Sucre el vocal Oscar Hassenteufel, de origen chuquisaqueño.

“La Sala Plena va a ser el día domingo (5 de enero), el lunes (6) se va a publicar todo eso”, anticipó la autoridad.

De esa manera, la convocatoria a los comicios y el calendario electoral serán publicados ese día, cuando fenece el plazo legal para ello, agregó Hassenteufel, tras asistir al acto de inicio de labores del Tribunal Constitucional Plurinacional (TPC).

El vocal detalló que el presupuesto para las nuevas elecciones sobrepasa los Bs 200 millones, pero que será menor al asignado para el proceso de octubre del año pasado. 

Indicó también que entre los factores que lo reducirán está el hecho de que no se realizará empadronamiento de votantes en el exterior del país, aunque aclaró que bajo la figura de “actualización permanente del padrón”, prevista en las leyes electorales, “hay la posibilidad de que, aunque (el padrón) no se abra formalmente, la gente puede inscribirse y empadronarse, tenemos en estos momentos funcionarios y el equipo necesario que está llevando a cabo ese empadronamiento en el exterior”, afirmó.

Por la noche, en La Paz, el presidente del TSE, Salvador Romero, confirmó la fecha y la reducción del presupuesto para encarar el nuevo proceso eleccionario. Agregó que en caso de ser necesaria, la segunda vuelta se realizaría en junio.

ANTECEDENTES

Bolivia celebrará los nuevos comicios tras quedar anulados por fraude electoral los del pasado 20 de octubre, en los que fue declarado vencedor el expresidente Evo Morales para un cuarto mandato consecutivo.

Esas elecciones fueron anuladas en medio de denuncias de fraude a favor de Morales, quien el 10 de noviembre anunció su renuncia denunciando un golpe de Estado para derrocarlo.

Un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) confirmó que hubo "operaciones dolosas" en las elecciones del 20 de octubre, que alteraron "la voluntad expresada en las urnas".

El anterior Órgano Electoral que gestionó aquellos comicios acabó procesado, con sus integrantes en prisión preventiva, acusados de delitos electorales relacionados con ese supuesto fraude.

El Parlamento, en el que el partido de Evo Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene la mayoría, designó hace unas semanas a seis nuevos vocales del TSE, mientras que el séptimo fue nombrado por la presidenta Jeanine Áñez, que tiene esa potestad.

También está en trámite una ley, por iniciativa del Senado, para ampliar el actual mandato del Ejecutivo y el Legislativo, que concluye el próximo 22 de enero, ante la imposibilidad de celebrar elecciones para renovarlos antes de esa fecha.

Será la primera elección que el MAS encarará sin Morales como candidato, algo que ese partido había logrado evitar hasta ahora con recursos legales que le permitieron presentarse a los comicios de 2014 y 2019 pese al límite constitucional de dos mandatos continuos.

Morales, que tramita su refugio en Argentina, anunció una reunión en Buenos Aires el próximo 19 de enero para elegir a los candidatos del MAS en los comicios.

El expresidente Carlos Mesa, que fue el principal contendiente de Morales en las elecciones de octubre, confirmó que volverá a postular, mientras que el exlíder cívico Luis Fernando Camacho también prevé ser candidato presidencial, aunque por ahora no confirmó con qué sigla lo hará. 

 

Reglamento para encuestadoras

El diputado Amílcar Barral solicitó ayer formalmente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que se elabore un nuevo reglamento de encuestas, con el cual se sancione incluso con cárcel a empresas que direccionen estudios de opinión  para favorecer a algún candidato.

En la misiva, se plantea que el legalmente incluya “sanciones duras para las empresas, instituciones, personas y otros, desde sanciones pecuniarias, multas, clausura y proceso penal, incluso la cárcel para los que osen manipular o direccionar encuestas que puedan influir en la decisión de la gente y sobre todo favorecer a algún candidato”.