Gobierno y MAS exponen distancia por polémica ley

Mientras el MAS en la Asamblea ratificó que promulgará la polémica Ley de Cumplimiento de Derechos Humanos que aprobó en el Senado y pasó a Diputados, el Gobierno de Jeanine Áñez aseguró que buscará “neutralizar” la norma, sobre la que desde ayer pesa una impugnación.

"La Ley de Garantías la vamos a neutralizar jurídicamente, no vamos a permitir que esa Ley llegue a tener vigencia en nuestro país, lo decimos con mucha claridad y con total solvencia. Este es un Gobierno que respeta las garantías constitucionales, respeta el debido proceso", aseveró el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra.

La Ley de Cumplimiento de Derechos Humanos, antes denominada de "Garantías", fue aprobada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara Alta, el pasado viernes, sin presencia de la bancada minotiraria que se retiró denunciando que da impunidad a exautoridades.  

La autoridad de Estado afirmó que no dará curso a la impunidad para quienes cometieron delitos, para quienes incitaron a la violencia, el terror, el boicot, ni para quienes promueven un golpe de Estado. Afirmó que el proyecto será remitido al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para su debido control de constitucionalidad, activando de este modo los recursos extraordinarios con los que cuenta el Órgano Ejecutivo. 

El Gobierno no ingresará al juego del MAS que busca dar impunidad a quienes cometieron delitos en el ejercicio de sus cargos y luego de dejar la función pública, puntualizó Coímbra, tras señalar que cuando las axautoridades retornen al país serán sometidas a procesos sin que sus derechos se vulneren.

"Retornen al país y no sean cobardes, intentando incendiar el país desde fuera, los va a juzgar el Órgano Judicial y el Ministerio Público que ustedes dejaron", agregó.

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, remarcó que el procedimiento legislativo para sacar a flote el polémico proyecto no concluyó. "Confiamos en la sensatez de la Cámara de Diputados. No está aprobada (la norma), tiene que ser tratada por la Cámara de Diputados, entonces tendremos a la población nuevamente alerta a lo que pueda pasar", aseveró.

¿QUÉ DICE EL MAS?

Legisladores del MAS advirtieron ayer que si la presidenta Áñez no promulga la ley, ellos lo harán. 

En Cochabamba, el diputado Manuel Mamani dijo que esta semana el proyecto de ley será tratado en la Cámara Baja. "Nosotros la vamos a aprobar esta semana, seguramente el día martes, porque es necesaria, hay muchas persecuciones. Por esta razón se la aprobará y se esperará los 10 días que se establece para que la promulgue la compañera Áñez, de todas maneras, si no la promulga, nosotros en el Congreso vamos a promulgar esta ley que corresponde", dijo.

Enfatizó que la ley es necesaria porque recibieron denuncias de "muchos dirigentes (que) están sufriendo persecuciones".

SURGE IMPUGNACIÓN

El senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, presentó ayer ante la Presidencia del Senado una impugnación al proyecto de Ley por vicios de nulidad en su tratamiento legislativo.

"Hubo un atropello al procedimiento legislativo abusando de una mayoría parlamentaria que tiene el MAS. Lo que ha habido en la sesión del viernes pasado es claramente una violación de todas las disposiciones que establece nuestro reglamento de la Cámara de Senadores de cómo aprobar las leyes, las mismas que están basadas en la propia Constitución", denunció.

La bancada de UD sostiene que el proyecto de Ley de Garantías pretende favorecer a dirigentes afines al MAS que causaron violentas movilizaciones después de la renuncia del expresidente Evo Morales, por el fraude verificado en las elecciones de octubre del año pasado.

"Estamos basando esta impugnación en la Sentencia Constitucional 1853 de 29 de octubre 2013, que garantiza el derecho que tenemos a impugnar, en cualquier fase del procedimiento legislativo, cuando no se respeta el debido proceso, como sucedió en la sesión del viernes", remarcó.

Pidió a la Presidencia del Senado reconducir el procedimiento legislativo y remitir el documento aprobado a la Comisión de Constitución, para su revisión.