El partido de Evo Morales cumplió con el libreto y sancionó ayer, en el seno de la Cámara Baja, la Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos, que da inmunidad a exautoridades. Pasó la posta al Ejecutivo de Jeanine Áñez, que tiene diez días hábiles para promulgarla o vetarla. Todo en medio de una polémica que sube de nivel día que pasa.   

En el marco de la 237° sesión ordinaria, por más de dos tercios de votos y con el quórum correspondiente, la Cámara de Diputados dominada por el MAS aprobó ayer sin mayor contratiempo la polémica norma, cuatro días después de que lo hiciera su robusta bancada en el Senado, pese a protestas de fuerzas políticas antagónicas con representación parlamentaria.

La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Eva Copa (MAS), aseguró anoche que la ley antes llamada Ley de Garantías, será remitida al Órgano Ejecutivo y esa instancia tiene diez días para promulgarla.

"La Ley pasará al Ejecutivo y se espera los diez días para su promulgación, considero que el Gobierno de transición recapacitará en estos días, porque esta Ley está basada solamente en los acuerdos que ellos (miembros del Ejecutivo) realizaron con las organizaciones", aseguró, según una nota de prensa del Senado. 

Copa, en pasados días, ya había anunciado que ella misma promulgará la norma en caso de que la presidenta Áñez se niegue a hacerlo.

Ayer aseguró que la Ley está enmarcada estrictamente en la Constitución Política del Estado (CPE) y no transgrede ninguna norma jurídica vigente y tampoco busca generar impunidad para exautoridades.

"Al presidir la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) he sido clara con mi posición: Yo no voy a sacar ninguna Ley que vaya en contra de la Constitución Política del Estado y que vulnere derechos. La Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos no tiene ningún parágrafo, ningún artículo que defienda la impunidad", enfatizó.

El lunes, el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, aseguró que el Gobierno no permitirá que la mencionada norma entre en vigencia y aplicará las medidas pertinentes para “neutralizar” la ley.

Señaló que el Gobierno enviará la norma al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que revisar su legalidad.

CONTENIDOS DE LA LEY

Según información de la Asamblea Legislativa, la norma tiene por objeto velar por el cumplimiento del ejercicio de los derechos fundamentales, civiles, políticos y de libre expresión, contenidos en la Constitución Política del Estado, Tratados, Convenios e Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos, a favor de las bolivianas y los bolivianos, extranjeras y extranjeros residentes en Bolivia.

“Las bolivianas y bolivianos, los extranjeras y extranjeros  residentes en Bolivia para el resguardo efectivo de sus derechos que consideren estén siendo vulnerados, amenazados, hostigados o consideren que su vida,  integridad física y/o sus bienes estén en riesgo, a sola denuncia verbal o escrita ante autoridad competente deberán  activar de manera inmediata las acciones necesarias, pertinentes y eficaces”, dice uno de sus más polémicos parágrafos.

PRIMERAS REACCIONES

El analista político Franklin Pareja dijo que la ley es de "mero interés político", porque su contenido está en la CPE.

"Claramente la intencionalidad de este proyecto de ley es tratar de blindar a algunas personas que, eventualmente, en el futuro haya algún tipo de convulsión. También denota que es un cortapiso para impedir que esta transición sea normal y estable", remarcó.

Pareja señaló que la posición del MAS frente a la coyuntura que enfrenta el país genera un clima de crispación en los sectores sociales movilizados, y no proponer tranquilidad en un período de transición hacia una etapa de elecciones, que demanda paz y serenidad.

"La tranquilidad del país pende de un hilo, el MAS ni ha cambiado sus tácticas, al final son radicales", dijo y agregó que la propuesta del partido de Evo Morales rompe con la validación social que debe tener toda norma.

"Esta Ley de Garantías sirve solo a una fuerza política, no al pueblo”, enfatizó.

El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Israel Centellas, se preguntó anoche: "¿Cuál es la necesidad de regular algo que ya está regulado en la ley máxima?. Esa ley es innecesaria e inconstitucional, porque establece que se le repare con recursos económicos del Estado, la presidenta Jeanine Áñez debe llevar a consulta mientras no se haga esa consulta es inconstitucional".