Transparencia, independencia política, carrera judicial, cambio de la estructura actual y una nueva configuración de las elecciones judiciales engrosan las propuestas de gobierno de los ocho frentes políticos en carrera a las elecciones generales de mayo, respecto al sistema judicial actual en el país.

CORREO DEL SUR revisó los programas de gobierno de todos los partidos y alianzas políticas que aspiran a la silla presidencial, para conocer cuáles son sus propuestas específicas respecto al Órgano Judicial. Casi todos los frentes coinciden en duras críticas a la actual administración judicial, la injerencia política y la falta de transparencia en la designación de autoridades y funcionarios, así como plantearse una reingeniería que apunte a resolver problemas como la precariedad de infraestructura, el presupuesto insuficiente y la capacitación e idoneidad del personal.

No están ausentes novedosos planteamientos como crear una academia de juristas, revisar todos los códigos, impulsar una reforma ética o que la selección de postulantes a magistrados esté a cargo del Consejo de la Magistratura y la elección sea resuelta por el Congreso.

CC, reforma ética

La alianza Comunidad Ciudadana (CC) que postula a Carlos Mesa presenta un programa de reforma del sistema de justicia que incluye una profunda reforma institucional y ética. 

Sugiere un cambio de la forma de designación y destitución de autoridades de los órganos de garantía, rompiendo el monopolio que detenta la clase política. Plantea la eliminación del sistema de elección por voto y un régimen de transición y remoción de autoridades, además del establecimiento de un escalafón judicial que garantice una carrera y trato digno, pero exigente, para las autoridades judiciales. 

Los Palacios de Justicia serían reemplazados por los Centros Ciudadanos de Justicia descentralizados, con presencia de autoridades fiscales, policiales, judiciales, defensoriales, arbitrales y administrativas, así como autoridades jurisdiccionales indígena originario campesinas. 

La propuesta incluye digitalizar los procesos judiciales; la capacitación de jueces y fiscales y la conformación de una comisión contra la impunidad que investigue los casos más sobresalientes de violación de los derechos humanos entre 2006 y 2020. Sugiere además acciones para una nueva institución policial.

Creemos, plan a 2024 

La alianza Creemos, que postula a Fernando Camacho, propone ejecutar hasta 2024 un plan de fortalecimiento del Órgano Judicial mediante el cual se mejoraría la infraestructura judicial, los equipos de funcionamiento y la cualificación del personal. El presupuesto para la justicia subiría hasta 2025 a un equivalente al 1% del PIB (actualmente es de 0,4%). Se ampliaría la cobertura territorial de juzgados y se digitalizarían los procesos judiciales.

En cuanto al proceso de selección de autoridades judiciales propone modificar el procedimiento actual. Plantea que el Consejo de la Magistratura tras un proceso de selección público, competitivo y transparente remita ternas al Legislativo para la elección por dos tercios de voto. En el caso de los tribunales departamentales, sus autoridades se elegirían por dos tercios de voto de las Asambleas Departamentales. 

Plantea la creación de la Carrera Judicial y la revisión de todos los códigos legales sustantivos para realizar reformas, actualizaciones y complementaciones necesarias. 

Juntos, reingeniería

Para la alianza Juntos que postula al binomio Jeanine Áñez-Samuel Doria Medina, la reforma fundamental y apremiante en el país es restituir la independencia del Poder Judicial y llevar a cabo una reingeniería para evitar su descalabro total. Plantea institucionalizar el Ministerio Público, cualificar el rol de los fiscales y protegerlos de la presión política y de intereses poderosos. Se traza el reto de convocar a un grupo de ciudadanos notables para que en un plazo de 90 días formule un plan integral de institucionalización y reforma judicial.

Pan-Bol, una academia

El diagnóstico del sistema judicial del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), que postula a Feliciano Mamani, advierte “una peligrosa y lamentable” subordinación del sistema judicial al poder político. Ante ello su Tesis de la Reforma de Justicia contempla estructura e incluye una mayor asignación presupuestaria a definirse tras una reingeniería financiera; la descentralización de la administración de justicia; la educación y formación, y un nuevo criterio político para la elección de autoridades mediante la creación de una Academia de Juristas.

En cuanto a la descentralización, sugiere establecer y configurar una nueva organización territorial del Órgano Judicial; desconcentrar los servicios judiciales; crear juzgados de paz para dar solución a los conflictos y controversias y desjudicializar las relaciones sociales; constituir juzgados especializados y juzgados de faltas menores; resguardar las políticas de gestión administrativa; fortalecer las políticas de gestión procesal y readecuar políticas de gestión disciplinaria. 

En cuanto a educación y formación sugiere tomar en cuenta un test genómico y de aptitudes del postulante a magistrado. Plantea readecuar la formación universitaria. 

La creación de una academia de juristas apunta a la capacitación de futuros administradores de justicia. Sería la máxima instancia de formación de los abogados para asumir cargos jerárquicos y sería la instancia que rija las convocatorias para la elección de cargos jerárquicos. Sería autónoma, apolítica, autárquica y gozaría de un presupuesto especial.

Libre 21, la injusticia

La alianza Libre 21 que postula al expresidente Jorge Quiroga se traza el reto de desmontar la “telaraña de injusticia” mediante una serie de acciones para asegurar transparencia e independencia como: implementar un sistema de selección y elección basado en la meritocracia; auditorías a los procesos de selección y elección de servidores públicos; carrera judicial y fiscal; capacitación y evaluación permanente de servidores; sanciones a servidores corruptos; transparentar los niveles de coordinación entre órganos; desarrollo de estándares éticos y de programas de capacitación con colegios de abogados; empoderar a universidades para el control social; desarrollar una nueva Ley de Deslinde Jurisdiccional; acceso de la población a la información de servicios judiciales; digitalizar los sistemas de registro de actuaciones judiciales; notificación digital; celebrar audiencias mediante videoconferencias. Plantea también combatir la corrupción mediante el fortalecimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo; empoderar al ciudadano sobre sus derechos a la transparencia institucional, la petición y la rendición de cuentas; adecuar el sistema sancionatorio penal y modernizando el catálogo de delitos sobre corrupción; indemnización pública a víctimas de la corrupción; fortalecer la independencia y objetividad de la Unidad de Investigaciones Financieras. 

Libre 21 incluye además una propuesta para capacitar a las familias, desarrollar programas de prevención con la juventud, en bullying, delitos informáticos, seguridad, violencia sexual, consuno de alcohol, violencia, reinserción de reos, entre otros.

FPV Y ADN, reformas

El Frente Para la Victoria (FPV) que postula a Chi Hyun Chung plantea transformar la justicia a partir de tres ejes: eficiencia, transparencia e independencia. 

Propone establecer una política preventiva en la lucha contra la corrupción en el Poder Judicial, para lo cual debe mejorarse la infraestructura; consolidar la red de comunicación electrónica y difundir públicamente las sentencias. Sugiere crear una oficina de Control de la Magistratura que aplique visitas inopinadas permanentes en las sedes judiciales. Plantea que la sociedad civil fiscalice los niveles de lucha anticorrupción y que se fortalezca el Poder Judicial, la Fiscalía y la Policía especializada en delito de lavado de activos. 

ADN

El partido Acción Democrática Nacionalista (ADN) en su propuesta de gobierno plantea también, sin precisar, una reforma judicial.

MAS destaca logros

El MAS, que busca la reelección con el candidato Luis Arce, basa su propuesta en la Cumbre Nacional de Justicia de 2016, a partir de la cual asegura haber implementado acciones orientadas a contar con un "sistema de justicia efectivo, oportuno y transparente". Destaca la elección de altas autoridades del Órgano Judicial y la posesión, en 2018, de notarios “seleccionados por méritos y examen de competencia, dejando de lado los favores políticos y poco transparentes”. Destaca la promulgación de la Ley 1104 de Creación de Salas Constitucionales y la Ley de Abreviación Procesal Penal. 

Busca modernizar la gestión judicial e introducir tecnologías de la información y comunicación para agilizar procesos judiciales y el seguimiento de los casos; mejorar la eficacia en la resolución de controversias incrementando el número de procesos judiciales en todas las materias. Plantea también la selección de autoridades judiciales bajo criterios de transparencia y meritocracia.