El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió dos autos constitucionales en los que admitió dos acciones en contra de la Ley de Derechos Humanos, más conocida como Ley de Garantías. Uno corresponde a la consulta de constitucionalidad planteada por la presidenta Jeanine Áñez, y el segundo al recurso directo de nulidad planteado por el senador Óscar Ortiz (UD).
Respecto al primeer caso, pronto se procederá al sorteo, luego de que el miércoles se conociera que fue admitida y notificadas las presidencias de las cámaras legislativas. Mientras la acción se resuelve, la tramitación de la ley quedó paralizada.
El presidente del TCP, Paul Franco, detalló que tras la admisión de la consulta y el sorteo del magistrado relator, la sentencia se emitirá en 30 días.
Áñez considera que la ley solo busca la impunidad de los dirigentes afines al MAS que actuaron al margen de la ley en la crisis poselectoral. Ortiz observa su procedimiento de aprobación.
El diputado Víctor Borda (MAS) aseguró que se analizará el motivo de la paralización de la Ley de Derechos Humanos y no descartó iniciar un juicio de responsabilidades a los miembros del TCP.
