España achaca crisis diplomática a Bolivia con graves acusaciones

El Ministerio de Relaciones Exteriores de España responsabilizó al Gobierno de Jeanine Áñez por la grave crisis diplomática que ambos países sostienen desde diciembre del año pasado, por un confuso episodio que involucró a policías bolivianos y españoles en la residencia de la Embajada de México en La Paz, donde permanecen asilados varios exfuncionarios del gobierno de Evo Morales.

Un reporte periodístico del diario El País, publicado este martes y titulado “España acusa a Bolivia de hostigar a sus funcionarios en la crisis diplomática de diciembre”, sostiene que casi dos meses después de la grave crisis diplomática entre España y Bolivia, “el Ministerio de Exteriores ha dado a conocer el primer relato pormenorizado de los sucesos que la provocaron aquel 27 de diciembre en la residencia de la embajadora de México en La Paz”.

Se refiere a la acción denunciada en La Paz contra policías españoles encapuchados por supuestamente intentar sacar de la residencia a exministros como Juan Ramón Quintana y Javier Zavaleta, en vehículos con placa diplomática e incluso presuntamente armado.

"Pese a las explicaciones" que ofreció España a las autoridades interinas bolivianas, estas decidieron expulsar a los dos diplomáticos el 30 de diciembre. "España respondió con arreglo al principio de reciprocidad expulsando a tres diplomáticos bolivianos acreditados en España". El documento critica que representantes del Gobierno de La Paz "dieran pábulo a las noticias falsas" en las que se acusaba a los funcionarios españoles de querer ayudar a algunos de los asilados a evadirse. También acusa al Ejecutivo boliviano de no dar "ninguna muestra de voluntad de contribuir a desescalar la crisis".

España considera que esta falta de voluntad se puso en evidencia en las declaraciones públicas que hicieron las autoridades bolivianas tanto el día del incidente como los siguientes. En este punto, les acusa de haber "procedido a la filtración de información y fotografías personales de funcionarios españoles con los riesgos que ello entraña para la seguridad y el correcto desempeño de sus funciones".

El rotativo toma como fuente una respuesta parlamentaria al diputado Jon Iñarritu (EH Bildu), en la que la Cancillería de España acusa a las autoridades del país de poner en riesgo la seguridad de los dos diplomáticos españoles y los cuatro policías que les escoltaban que se vieron involucrados en el mismo, además de criticar su "falta de voluntad de reconducir constructivamente la situación".

Según El País, hasta ahora España había evitado acusaciones directas a las nuevas autoridades bolivianas, aunque las medidas adoptadas sí habían sido drásticas, con la expulsión de tres diplomáticos bolivianos acreditados en España, en respuesta a una medida similar del país latinoamericano.

El documento tiene cinco folios y detalla pormenores que España no brindó en ningún otro espacio hasta ahora. Reafirma que la visita de ese día de la encargada de negocios de la legación ibérica, Cristina Borreguero, y el secretario de la Embajada, Álvaro Fernández, a la residencia fue una respuesta a la petición de la Unión Europea (UE) para intervenir en la crisis entre el gobierno azteca y el boliviano, por la concesión entonces de asilo al expresidente Evo Morales y el cobijo a exfuncionarios de la gestión del exmandatario.

España señala que se trató de "un desayuno de cortesía" y que la delegación estaba compuesta por los diplomáticos antes nombrados, conducidos por cuatro agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional.

"Los miembros del dispositivo policial boliviano permitieron el ingreso de los señores Borreguero y Fernández Baquerín sin mayores dificultades", señala el escrito, que a continuación detalla que "los efectivos del GEO, ante la importante presencia de policías bolivianos en el exterior de la residencia, decidieron retirarse". A bordo de los vehículos se fueron de la urbanización donde residía la embajadora mexicana "y solicitaron a los diplomáticos españoles que les avisaran, una vez concluida la reunión, para regresar a buscarlos".

Exteriores asegura que la reunión duró entre 40 y 45 minutos, en la que México se quejó porque las autoridades bolivianas habían adoptado unas medidas de control en el entorno de su residencia que, en su opinión, "suponían una infracción de las disposiciones de la Convención de Viena".

El escrito recalca que durante su estancia en la residencia "los diplomáticos españoles no se reunieron" con los ex altos cargos del Gobierno de Evo Morales allí asilados, "puesto que sus instrucciones se ceñían estrictamente a reunirse con la embajadora de México". En ningún momento, añaden, hicieron llegar a los asilados o recibieron de ellos "mensaje alguno".

Una vez terminado el encuentro con la embajadora mexicana, Exteriores asegura que los dos diplomáticos se pusieron en contacto con el jefe del dispositivo de seguridad para que regresaran a buscarlos. "Fue en ese momento cuando se produjeron los incidentes que originarían la crisis posterior", señala el documento. "Al intentar entrar los vehículos de la embajada [española] en la urbanización en la que se encuentra la residencia, las fuerzas de seguridad bolivianas les indicaron que tenían órdenes de no permitir su entrada", añade el texto antes de destacar que "personas vestidas de paisano" empezaron a golpear los automóviles en los que iban los geos españoles e intentaron abrir sus puertas ante la "actitud pasiva" de la policía boliviana.

Ante el cariz que tomaban los hechos y la presencia de personas que les grababan con móviles, los agentes españoles optaron por "cubrirse el rostro" para preservar su identidad e intentar retirarse del lugar. En un primer momento no lo pudieron hacer, porque "se les bloqueó para impedirles la retirada", describe Exteriores. Y cuando consiguieron abrirse paso, el hostigamiento continuó: "Un vehículo que pertenecería a fuerzas de seguridad de Bolivia les persiguió embistiéndolos varias veces hasta que los vehículos de la embajada consiguieron eludirlo y regresar a la sede de nuestra embajada".

Los diplomáticos españoles, que seguían en la residencia de la embajadora mexicana, informaron "inmediatamente del incidente" tanto al secretario de Estado como al director general de Iberoamérica y a la subdirectora general para Países Andinos, e intentaron contactar con la cancillería boliviana "para trasladarles el problema". Fue en ese momento cuando Juan Pablo de Laiglesia comunicó a la ministra Margarita Robles lo ocurrido. El informe destaca que la canciller Karen Longaric tardó "aproximadamente una hora" en devolver la llamada. Fue esta la que propuso enviar a la residencia de México un vehículo para que condujera a los dos diplomáticos españoles a su sede diplomática.