Se abrogó el Decreto 2698 que permitía contrataciones directas de consorcios jurídicos para la defensa legal del Estado. En su lugar hay un nuevo Decreto, el 4156, que obliga a la contratación de bufetes internacionales de abogados por competencia, informó ayer el procurador general del Estado, José María Cabrera.
La autoridad aseveró que el decreto abrogado daba la calidad de "secreto de Estado" a todas las contrataciones de bufetes internacionales que se hizo en el gobierno de Evo Morales. "La anterior norma establecía contratación directa a solo levantada de teléfono de bufetes internacionales por parte del Procurador. El nuevo decreto establece que tiene que haber una convocatoria pública y por comparación de las diferentes ofertas (elegir) a la mejor que sea conveniente para el Estado", sostuvo.
El Procurador reveló que los contratos que realizó el anterior gobierno se encontraban en una cámara metálica ubicada en el subsuelo de la Procuraduría, pero se ordenó su desclasificación para evitar que se siga ocultando esa información.
Los documentos desclasificados revelaron que el Estado pagó al consorcio Dechert (París) más de Bs 51,9 millones por diez contrataciones y a otro consorcio denominado Foyer Hoag, más de Bs 2.4 millones por dos contratos. Seis contrataciones se hicieron con la modalidad de comparación y otros seis de forma directa.
El senador Oscar Ortiz felicitó la iniciativa del Gobierno central por derogar "un decreto infame que nunca debió haber existido", porque establecía como norma el carácter secreto de los contratos a los estudios jurídicos internacionales.
