La denuncia de un abogado por la presunta comisión de delitos en la designación de Juan Lanchipa como Fiscal General del Estado fue admitida en el Ministerio de Justicia que en las próximas horas definirá si lo remite al Ministerio Público para su juzgamiento en la vía ordinaria. En la denuncia se involucra también a la expresidenta del Senado Adriana Salvatierra y otras autoridades que habrían actuado en complicidad supuestamente para favorecer a Lanchipa.
El abogado denunciante Cristian Mina afirmó que solicitó al Viceministerio de Transparencia que el caso sea reabierto y juzgado por la vía penal ordinaria y no así en un juicio de responsabilidades.
La denuncia no solo involucra a Lanchipa sino también a Adriana Salvatierra como expresidenta de la Comisión de Constitución; Carlos Alberto Calderón y Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, actuales magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP); Anrriela Salazar, Félix Pacoricona, Rina Padilla, Edgar Miranda Quisberth, funcionarios del Consejo de la Magistratura (CM) de La Paz; Víctor Guaqui y Ana María Villagomez, vocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Mina y su colega Jorge Valda denunciaron este hecho el 11 de febrero en la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, donde el caso no progresó, ante esa situación acudieron al Viceministerio de Transparencia.
"Presentamos la denuncia ante el Viceministerio de Transparencia a efecto de que ellos tengan conocimiento en relación a un fraude que se ha realizado para la elección del Fiscal General", precisó.
El informe jurídico por el cual se admite la denuncia se encuentra en etapa de recopilación de la información solicitada a diferentes instituciones relacionadas al supuesto hecho de corrupción.
DENUNCIA EN SUCRE
En Sucre, el fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales señaló que la denuncia contra Lanchipa llegó a esta Fiscalía pero fue observada en la Unidad de Análisis porque se trataba de una sindicación genérica que no individualizaba a los denunciados; el fiscal analista otorgó 48 horas para que se subsanen las observaciones, pero no volvieron a presentar la denuncia.
