Por poner en duda fraude, Bolivia acusa a México de intromisión

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue escenario ayer, en Washington, de un episodio más de la polémica surgida por la publicación de un análisis de dos investigadores que niega el fraude electoral en Bolivia. La representación diplomática  nacional acusó a México de injerencia e intromisión. 

El representante de Bolivia en el Consejo Permanente, Ramiro Jáuregui, acusó a México y otros países de utilizar el análisis encargado por el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés) que refuta el fraude con el objetivo de desprestigiar al secretario general del organismo, Luis Almagro. La posición de Bolivia fue respaldada ampliamente por los delegados de Estados Unidos y Brasil presentes en el foro. 

El polémico análisis fue publicado por el blog Monkey Cage en la página del Washington Post, y concluyó que no existe evidencia estadística del fraude en el cómputo de 2019 y cuestionó el reporte de la OEA que develó las irregularidades.

Jáuregui afirmó que el artículo "no tiene pies ni cabeza y se basa en opiniones mal informadas", cuyos autores, John Curiel y Jack Williams, escriben a título personal y antes se pronunciaron ideológicamente a favor de Evo Morales.

Reprochó que países de la OEA usen ese artículo para cometer injerencia en asuntos bolivianos.

"México, que fuera el abanderado de la no intervención, y otros países que le hacen juego a Cuba y al gobierno de Nicolás Maduro, que parecen tener más afinidad con los principios ideológicos de sus gobernantes de turno que con los valores perennes del Estado de Derecho y la democracia, cometen graves actos de intromisión directa en asuntos de Bolivia sin que nadie les haya atribuido ningún derecho a participar en un tema que corresponde exclusivamente a los bolivianos", acotó Jáuregui.

Posición de México

La embajadora mexicana Luz Elena Baños indicó que su delegación solició a la Secretaría General un estudio independiente, que permita dilucidar las diferencias encontradas entre los resultados de la misión de la OEA y las conclusiones del estudio de CEPR.

La única finalidad es "promover el cabal cumplimiento de los principios y postulados de la Carta de la OEA", señaló.

La solicitud mexicana "debe ser entendida en un contexto más amplio de legítima preocupación por el correcto desarrollo de las actividades de la Secretaría General", acotó al señalar que su país espera la respuesta.

Otra prueba

El gerente de la empresa Ethical Hacking, Álvaro Andrade, testigo en el caso del fraude electoral, identificó a la exvocal del TSE, Lidia Iriarte, como la responsable de haber ordenado el corte del TREP el 20 de octubre de 2019, momento en el cual se sospecha que se cometieron las irregularidades en el cómputo.

La revelación se hizo en una audiencia de anticipo de prueba, en la cual Andrade brindó su declaración previa al juicio en presencia de los acusados.

En la audiencia, mientras Andrade explicaba las irregularidades, el fiscal le pidió identificar a la vocal que ordenó paralizar el TREP. El testigo no se acordaba el nombre de la exautoridad, pero apuntó con el dedo a Iriarte.

Posición del MIT

El rector del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), Rafael Reif, negó ayer que esa universidad norteamericana haya realizado el polémico estudio.

La aclaración fue realizada en una nota que envió al gobierno de Bolivia, según informaron los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia.

Según la publicación, los autores fueron presentados como parte del Laboratorio de Ciencia y Datos Electorales del MIT, sin embargo, la aclaración señala que estos "llevaron a cabo el proyecto que describieron en su artículo como contratistas independientes del CEPR".

Según publicó El Mundo de España, detrás del estudio del CEPR está su director Mark Weisbrot, a quien describe como "asesor del chavismo".