Las familias de cinco municipios cinteños de Chuquisaca verán reforzado su derecho a la salud, gracias a los fondos de un crédito del Banco de Italia, aprobado este lunes en la Cámara de Diputados.

La Cámara Baja aprobó un préstamo del Banco de Italia Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. de 21,5 millones de euros, que equivalen a 23,5 millones de dólares, para el mejoramiento de los esquemas y condiciones de ejercicio del derecho a la salud en Bolivia.

"Se ha tratado el tema de financiamiento pese a que la ley de emergencia señala que los gobiernos departamentales y municipales puedan disponer de sus partidas presupuestarias para adquirir equipos de seguridad, indumentaria, medicamentos y todo lo que haga falta con relación a la atención de esta enfermedad, ya se estipula esta situación en esta normativa que hoy la hemos aprobado en la Cámara de Diputados", informó el presidente de esa instancia legislativa, Sergio Choque.

Según una nota institucional, ese préstamo beneficiará a los municipios de Camargo, Incahuasi, Villa Charcas, San Lucas y Culpina (Chuquisaca); Arampampa, Acasio, Toro Toro, Sacaca, Caripuyo y San Pedro de Buena Vista (Potosí); Puerto Villarroel, Chimoré, Entre Ríos, Mizque y Vila Vila (Cochabamba).

La ley autoriza el repago de las obligaciones, como el servicio de la deuda que sean contraídas en la ejecución del convenio financiero aprobado, a los gobiernos autónomos municipales beneficiarios, de acuerdo al monto de los recursos que le sean asignados a cada uno por el Ministerio de Salud, mediante convenios intergubernativos.

Entre las condiciones financieras se establece 40 años plazo para el pago sin intereses y el periodo para el desembolso será de 36 meses después de la fecha de firma de convenio.

POLÉMICA EN LEY DEL COVID-19

En la misma sesión de esta jornada, los diputados aprobaron el la Ley 595, que busca fortalecer la implementación de medidas de bioseguridad por parte del Gobierno nacional en centros médicos y su financiamiento mediante recursos propios, donaciones y créditos.

"En el COVID-19 esta Ley pretende sobre todo fortalecer que el Gobierno nacional pueda implementar medidas de seguridad en los centros médicos que han sido identificados para poder atender esta pandemia", detalló Choque.

Esa norma establece, entre varias medidas, que está vetado el uso de armas de fuego contra la población, detenciones o arrestos innecesarios y amenazas desproporcionadas.

Sin embargo, las Fuerzas Armadas y la Policía deberán ejercer sus funciones garantizando el cumplimiento de la normativa durante la etapa de emergencia por la pandemia.

"Si bien las Fuerzas Armadas y la Policía nacional deben ejercer control en nuestras calles, en nuestros departamentos y regiones, deben siempre estar en el marco del respeto de los derechos humanos, fundamentalmente que están bajo el paraguas constitucional y dentro del bloque de la declaración de derechos humanos", agregó Choque.

En tanto, la diputada Shirley Franco (UD) afirmó que el proyecto de ley 595, que coadyuva a regular la emergencia por el COVID-19, aprobado en grande y en detalle por los dos tercios del MAS, en los artículos referidos a la Policía y las FF.AA., busca "amedrentar" a esas instituciones.

"El artículo que han insertado los parlamentarios del Movimiento Al Socialismo tiene una connotación más simbólica y pretende amedrentar a los miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas en el ejercicio de sus funciones", afirmó Franco.