El administrador de la empresa española IME Consulting, Ignacio Mazarrasa, que fue intermediaria en el proceso de compra de 170 respiradores por parte de Bolivia, calificó el caso de supuesta corrupción como un “montaje político” y afirmó tener la conciencia tranquila.
La compra de 170 respiradores por parte del Gobierno desató un escándalo luego de que se descubriera que se pagaron más de 27 mil dólares por cada uno de los respiradores, cuando su costo en el mercado oscila entre los 7.000 y los 12 mil dólares, según sus características.
Bolivia compró los respiradores a la empresa GPA Innova y fueron distribuidos como intermediarios por la firma IME Consulting.
En ese sentido, Mazarrasa señaló al diario Correo de España que todo el escándalo surgido en Bolivia es “un montaje político” surgido “por la fuerte presión que la oposición está sometiendo al Gobierno” ante la proximidad de las elecciones.
El Administrador de IME Consulting aseveró que su intención es llevar el caso con “total transparencia” y aseguró que ya se contactó con el ministro de Justicia de Bolivia, Álvaro Coímbra, para “remitirle toda la documentación” de la transacción.
Afirmó que de todo el proceso de compra venta de los respiradores –por un contrato de más de 4 millones de dólares–, su empresa solo tuvo un margen de ganancia de alrededor de 800 mil euros (aproximadamente 876 mil dólares).
En este sentido, Mazarrasa dijo que si las autoridades no están conformes con la operación, él está dispuesto a que le devuelvan los respiradores.
El administrador español, insistió además en que todo el caso les está “perjudicando” y que se están planteando presentar una demanda por “daños y perjuicios” si es que el Gobierno boliviano no les paga la deuda del 50% del contrato (poco más de 2 millones de dólares).
Finalmente, respecto a la utilidad de los respiradores, cuestionada en Bolivia, el responsable de IME Consulting insiste en que están siendo utilizados en “Unidad de cuidados intensivos de Cataluña” y recalcó que en los próximos días estaba prevista una actualización de los equipos que llegaron al país para que pudiesen funcionar a pleno rendimiento, ya que la negociación del contrato tuvo que realizarse en apenas cinco días.
