“Un deber constitucional me ha traído a esta posición como un juez de la República que debe cumplir un mandato, convencido de que la democracia, el sentido de unión y de paz es lo mejor para los bolivianos”, fueron sus primeras palabras tras jurar al alto cargo, al cierre de una violenta jornada que incluyó un minero muerto, acusaciones de grueso calibre contra Morales por supuestamente movilizar a sectores sociales y cercar al Congreso que sesionaba en la capital.

El entonces presidente, Carlos Mesa, renunció el 7 de junio luego de 20 meses en el Gobierno; les correspondía asumir la Presidencia a los titulares del Senado, Hormando Vaca Díez, y de Diputados Mario Cossío, pero ambos declinaron ante el amplio rechazo popular que había en las calles. Quedaba el último peldaño en la línea de sucesión constitucional, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia.

ACUERDOS Y PACIFICACIÓN

En entrevista con CORREO DEL SUR, Rodríguez Veltzé recuerda que la transición fue posible a partir de cuatro acuerdos estructurales: la convocatoria a elecciones generales, no solo para autoridades que renunciaron, sino para parlamentarios; la elección de prefectos (hoy gobernadores) por voto popular; la celebración de referendos autonómicos y la instalación de una Asamblea Constituyente.

Aquellos entendimientos permitieron abrir el diálogo y apuntar a la paz frente a los conflictos sociales y políticos, como las protestas por la redistribución de escaños parlamentarios, una marcha indígena o las expectativas de diferentes actores por la redistribución de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

“Mi gobierno fue un puente de transición democrática entre el colapso de una sucesión de gobiernos de corte neoliberal cuyos últimos líderes, Gonzalo Sánchez de Lozada (2003) y Carlos Mesa (2005) renunciaron a sus mandatos, y un nuevo orden constituyente que se abrió con la elección de Evo Morales”, sostiene.

Como los principales hitos de su gobierno, menciona la implementación de la nueva Ley de Hidrocarburos (3058), “promulgada por el Presidente del Senado (Vaca Díez) y repudiada por mi predecesor Carlos Mesa”.

Para complementar la ejecución de esta ley, señala que se emitieron docenas de reglamentos que permitieron refundar YPFB, ajustar sus actividades e incrementar sustancialmente los ingresos fiscales y reducir el déficit fiscal.

“En materia de justicia, alenté la reforma de la Ley de Organización Judicial para introducir la justicia de paz y el traslado del penal de San Pedro de la ciudad de La Paz, ambos aún pendientes”, asegura.

En política exterior, dice que se enfocó en fortalecer las relaciones con todos los países y organismos internacionales, entre otros.

CUESTIONAMIENTOS

El estado de la democracia, que fue muy cuestionada en los últimos 15 años, también es abordado por el expresidente, quien sostiene que no es posible afirmar una u otra hipótesis sin el riesgo de incurrir en exceso o error.

“A mi juicio, concurrieron hechos sin precedentes en la historia democrática como la participación de más del 80% de los votantes, en promedio, en todos los actos electorales;  la gestación del poder constituyente  ciudadano para transformar la Constitución; la constitucionalización de la libertad de expresión, opinión e información o la inclusión de sectores marginados”, señala en respuesta a un cuestionario enviado por este diario.

Pero también observa que hubo “excesos en el ejercicio del poder que  contrastan con los avances y los desmerece, por ejemplo la violencia al final de las deliberaciones de la Asamblea Constituyente; el uso del sistema judicial para el amedrentamiento, persecución política o la opinión constitucional torcida a los fines coyunturales”.

Cierra este tema indicando que la plenitud de una democracia depende del Gobierno de turno, todos órganos de poder, actores políticos y, principalmente, de los ciudadanos que los eligen.

Ve a Áñez como “autoproclamada”

Al referirse al mandato de la presidenta Jeanine Áñez, Eduardo Rodríguez dice que la “autoproclamación de una senadora como Presidenta, sin quórum legislativo y avalado por un oficioso ‘comunicado’ del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), son consecuencia del desorden normativo y la falta de vocación de respeto, de unos y otros, por la institucionalidad de los órganos de poder público”.

Más adelante, en vista de la candidatura de la beniana a la Presidencia en las futuras elecciones generales, el abogado sostiene que “un gobierno de transición actúa como el árbitro neutral de la crisis, no puede tomar partido en favor ni en contra de ningún partido o candidato y menos con candidatura propia. Sus actuaciones públicas, cuya buena fe y pertinencia pueden presumirse, llevan el inevitable riesgo de confundir el acto de gestión con el proselitismo electoral”.

Por otra parte, según su análisis, la Constitución de 2009 acusa graves falencias en el régimen del Órgano Judicial. Entre ellas, “la eliminación de la cabeza del Órgano Judicial para representarlo y su capacidad de suceder la función presidencial, como se tenía previsto en la anterior Constitución y que contribuyó a salvar la crisis en 2005”, afirma.

Sobre el MAS: Hubo deterioro por excesivo presidencialismo y la corrupción erosionó al régimen

Eduardo Rodríguez Veltzé habló de los tres últimos quinquenios en el Gobierno boliviano, manejados por Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo (MAS), periodos de los que también formó parte en un cargo diplomático. En su evaluación, afirma que las gestiones del MAS sufrieron deterioros institucionales por el excesivo centralismo y presidencialismo en la conducción político-partidaria y que la “judicialización de la controversia política” se hizo regla.

Opina que en los 14 años de gobierno del MAS hubo un deterioro de la “independencia y eficacia del Órgano Judicial con irreversibles consecuencias políticas” y pone como ejemplo el ilegal tratamiento de la reelección presidencial.

“Las prácticas de corrupción en diversos niveles erosionaron la credibilidad del régimen y los órganos encargados de la fiscalización: Contraloría, Asamblea Legislativa y Procuraduría, pierden efectividad en los controles y contrapesos al poder público y el fortalecimiento de la democracia plural”, agrega el cochabambino de nacimiento.

Sin embargo, considera que los tres períodos gubernamentales a cargo del binomio Evo Morales-Álvaro García Linera con el MAS-IPSP configuran uno de los más trascendentes de la historia del país.

La Constitución aprobada mediante referéndum en 2009, según sus palabras, transforma el Estado, configura una nueva estructura y reconoce nuevos y mayores derechos, particularmente para indígenas, originarios y campesinos.

La administración del MAS –dice Rodríguez– logra resultados destacados en la reducción de la pobreza, mortalidad materno infantil y analfabetismo. La inclusión social y equilibrio de género cambian la conformación de la administración y los movimientos sociales adquieren protagonismo en política, resalta.