Gobierno anuncia acciones penales contra líderes que organizan movilizaciones sociales

Las organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) exigen al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que deje sin efecto la postergación de las elecciones generales, para el 18 de octubre, y que si no lo hace anuncian movilizaciones a partir del lunes. Ante esta amenaza, el Gobierno anunció este sábado que analiza acciones penales contra líderes de las organizaciones masistas que, a pesar a la pandemia, anunciaron marchas y cabildo.

“El Gobierno está evaluando, con el equipo jurídico del Ministerio de Gobierno, iniciar acciones (legales). El país ha tolerado suficiente desorden y la actitud bravucona de quienes quieren llevar a la gente a morir”, informó este sábado el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría.

El Pacto de Unidad, que agrupa a sectores sociales afines al MAS, convocó a una marcha de protesta para el martes de la próxima semana, con el fin de rechazar la nueva fecha de las elecciones.

Sus dirigentes anunciaron que la protesta partirá de la extranca de Senkata, en la ciudad de El Alto, y culminará en la Ceja, donde se realizará un cabildo. La Central Obrera Boliviana (COB), cuya dirigencia es afín al MAS, se declaró en estado de emergencia. Los cocaleros del trópico de Cochabamba, base política del MAS, advirtieron que cualquier conflicto o “derramamiento de sangre”, será responsabilidad del TSE.

Según el viceministro Santamaría, las autoridades gubernamentales "no actuarán de manera irresponsable" ante estas amenazas y advirtió que se estudia "en detalle" cada una de las declaraciones de los dirigentes que  "claramente pueden configurarse dentro del escenario de alzamiento armado y sedición".

"Vamos a sentar un precedente una vez que analicemos jurídicamente lo que ocurre porque no es posible que sigamos viviendo con amenazas y hostigamientos", dijo la autoridad.

Santamaría aseguró que las movilizaciones anunciadas por las organizaciones sociales afines al MAS son una muestra más de que los dirigentes siguen las consignas políticas que responden a los intereses de Evo Morales, pero que el Gobierno ya no permitirá que nuevamente "se ponga en zozobra al pueblo boliviano".

Evo Morales, que renunció por fraude electoral en noviembre y huyó del país, ahora tiene refugio político en Argentina. “Desde Argentina es fácil lanzar arengas y dar instrucciones, otra cosa es vivir la realidad que experimenta el país después de 14 años de abandono en materia sanitaria", agregó Santamaría.