El ministro de Educación, Deportes y Culturas, Víctor Hugo Cárdenas, informó este jueves que el Gobierno presentó un memorial solicitando enmiendas al fallo judicial que revierte la clausura del año escolar al que calificó de político. Mientras se aguarda una respuesta de la justicia, ratificó que el retorno a clases presenciales en el país está descartado.

En conferencia de prensa virtual, Cárdenas dijo que fueron sorprendidos con el fallo “nada jurídico, sino estrictamente político” que anula la Resolución Ministerial 050/2020 que manda a clausurar el año escolar.

Reiteró la posición del Gobierno que ve fallo con un trasfondo político porque, según indicó, el vocal  de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Israel Campero, es el brazo derecho del exministro del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce Zaconeta, con quien trabajó estrechamente en diferentes cargos de Gobierno.  

“Por eso hemos pedido la excusa de dicho abogado (Campero) porque tiene intereses conflictivos, intereses creados, pero no hizo caso a la excusa solicitada por eso es un fallo político, antes que jurídico”, agregó al señalar que “sus inclinaciones al MAS “son notorias”.

Este jueves presentaron un memorial pidiendo enmiendas con consultas sobre si las clases serán presenciales o no, ya que el abogado de la diputada Lidia Patty (MAS) –quien presentó una acción popular para lograr este fallo–, pidió el  retorno a las aulas.

Cárdenas dijo que el Ministerio de Educación “no va a permitir el retorno a clases presenciales mientras dure la pandemia por respeto a la vida”.

Otra de las aclaraciones que piden es saber por qué los  peticionantes no presentaron ninguna prueba mientras que el Ministerio sí lo hizo para justificar el cierre del año escolar.

“Pedimos una aclaración por qué ponen en un bajo lugar el sagrado derecho a la vida. La Sala Constitucional al anular (la resolución), indirectamente está invitando a retornar a clases presenciales, aunque lo nieguen públicamente”, sostuvo el Ministro.

El miércoles, el tribunal otorgó diez días al Gobierno para que convoque a los actores del proceso educativo, como magisterio, padres y estudiantes, para generar una política pública que garantice el derecho a la educación.

“¿Qué va  a hacer el Ministerio de Educación en diez días, frente a problemas que han durado más de 14 años?. En diez días la Sala Constitucional quiere que el Ministerio resuelva los problemas”, reclamó. Calificó de imposible realizarlo porque considera un tiempo muy corto, más cuando está presente la pandemia.

Cárdenas indicó que después de ello analizarán qué paso legal seguir, porque este “fallo político no va a quedar así”. Anunció una denuncia ante la fiscalía contra Israel Campero por delitos como resoluciones contrarias a la Constitución Política y uso indebido de influencias.

“Esta ha sido una resolución dictada por el MAS desde Buenos Aires para generar confusión en la Bolivia educativa, que estos días estaba adquiriendo con mucho esfuerzo formas alternativas de educación como educación virtual y a distancia”, agregó.

Ratificó que en próximos días se pondrán  a disposición plataformas gratuitas en internet para los nueve departamentos donde estará el programa dosificado del Ministerio, fichas educativas para maestros y un programa planificado de apoyo puntual a los bachilleres de este año. Además se pondrá en marcha la educación a distancia desde televisión y radio para quienes no tengan acceso a internet.

En sus palabras, no se vulneró el derecho a la educación porque las universidades, institutos y otros niveles de estudio siguen con sus actividades.   

“Mientras haya la pandemia y mientras haya el peligro de que los estudiantes y los maestros puedan contagiarse, no habrá clases presenciales como quieren los masistas”, remarcó.