Gobierno remite en consulta al TCP proyectos de ley de censura a ministros y dióxido de cloro

El Gobierno de Jeanine Áñez presentó este miércoles ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dos consultas sobre dos proyectos de ley remitidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su promulgación, relacionados con la censura a los ministros y la aplicación del dióxido de cloro para el tratamiento contra el covid-19.

El Viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca, en un contacto con la prensa de Sucre en las afueras del TCP, señaló que el Gobierno cuestiona la constitucionalidad de los proyectos de ley en cuestión.

La autoridad dijo que el Gobierno pidió al TCP realice un análisis exhaustivo y un test de constitucionalidad sobre esas normativas, que tienen como origen el Legislativo.

“Hemos enviado esto al TCP para que confronte tanto el articulado del proyecto de Ley como la Constitución Política del Estado para que pueda prevalecer siempre el texto constitucional”, explicó.

Alanoca dijo que el Gobierno considera que, en el caso de la ley de censura a ministros, se está vulnerando derechos y principios establecidos en la Constitución, como la separación e independencia de poderes, ya que el Legislativo se estaría extralimitando en sus atribuciones.

Agregó que las cámaras de Senadores y Diputados tienen sus reglamentos que regulan las interpelaciones. Sin embargo, según dijo, los asambleístas del MAS, por un tema político, pretenden aprobar esta ley de censura a ministros para acallarlos.

Sobre la implementación del dióxido de cloro en los tratamientos contra el covid-19, Alanoca dijo todavía no existen ni exámenes ni una certificación científica para la aplicación de este tratamiento y que el Gobierno, por responsabilidad, no puede promulgar esta ley, por lo que pidió al TCP que haga prevalecer la supremacía constitucional.

OTRAS LEYES PENDIENTES

Sobre las leyes de alquileres y de clínicas privadas, Alanoca dijo que también se encuentran en consulta en el TCP.

Respecto al proyecto de ley de alquileres, la autoridad dijo que la norma establece la reducción en un 50 por ciento de la cuota de los alquileres y que el Gobierno recibió varias notas de reclamo en sentido, porque se estaría vulnerando derechos y afectando contratos privados entre partes. Por eso la norma también fue remitida en consulta al TCP.

Sobre la ley para la atención gratuita de pacientes con coronavirus en clínicas privadas, afirmó que el proyecto es viable, pero que la Asamblea Legislativa remitió esta ley sin considerar el financiamiento para el pago por este servicio.

“La Asamblea está violando constantemente el artículo 321 de la Constitución, que establece que todo proyecto de ley que nazca en el Legislativo tiene que ir previamente en consulta al Órgano Ejecutivo, porque, al final de cuentas, es el Ejecutivo quien ejecuta las políticas”, explicó.