El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles, el Proyecto de Ley 197/2019-2020 de permanencia obligatoria en el país de autoridades del nivel central del Estado y entidades territoriales autónomas.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, remarcó que el propósito del proyecto -que fue aprobado con modificaciones- es el arraigo de altos funcionarios públicos, a fin de que rindan cuentas al finalizar sus gestiones.
“Hemos visto durante esta gestión de nueve u ocho meses que algunos funcionarios, no voy a decir todos, han huido del país llevándose grandes cantidades de dinero; eso ya no podemos permitir las autoridades que aún estamos en vigencia”, dijo.
Consideró que pese a que existen normas como la Ley 1178 y la Ley 004 para frenar los “malos manejos económicos”, algunas autoridades las burlan y no rinden cuentas de los dineros que administraron.
El diputado Choque precisó que los altos funcionarios que estarán bajo la observancia del proyecto de ley corresponden a los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral.
Según el texto aprobado, el objeto de la ley “es establecer la obligación de permanecer en el territorio nacional por el lapso de tres meses de haber cesado el mandato o ser destituido la o el Presidente, Vicepresidente, Ministros de Estado, Gobernadores, Alcaldes, las Directivas y Oficialías Mayores dela Asamblea Plurinacional, Asambleas Legislativas Departamentales, Concejos Municipales y Máximas Autoridades Ejecutivas de las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales, a efectos de rendir los informes que se requieran a las autoridades entrantes, en el marco de la transparencia y precautelando los intereses del Estado”.
Por otra parte, el Artículo 4 del Proyecto señala que “las autoridades salientes que incumplan la presente ley serán pasibles penalmente”.
La diputada chuquisaqueña Lourdes Millares (UD) sostuvo que la ley vulnera la Carta Magna y atenta contra la presunción de inocencia, según un reporte de Bolivia Tv.
“Esta ley es inconstitucional, vulnera la Constitución Política del Estado, atenta contra la presunción de inocencia, contra la libre locomoción, vulnera tratados internacionales suscritos por el Estado boliviano. Nosotros vemos que es el Movimiento al Socialismo (MAS) el que ha decidido aprobar una ley con fines esencialmente político-partidarios vulnerando derechos y garantías constitucionales”, señaló.
