Liga Sucrense, en emergencia, pide defender la preservación de la independencia de poderes
A pocas horas de la definición del amparo constitucional por la habilitación o no del expresidente Morales, la organización cívica convoca en un pronunciamiento a “rescatar” el Órgano Judicial y el Ministerio Público “de las garras de la estructura del MAS”
Continúan las críticas al Tribunal Constitucional y al Órgano Judicial, a los que varias organizaciones cívicas vinculan con el anterior gobierno. Foto: Archivo/CORREO DEL SUR La Liga Sucrense se declaró en estado de emergencia, “en defensa de la institucionalidad y ante la urgente necesidad de preservar la libertad e independencia de Poderes”, a pocas horas de conocerse la definición del amparo constitucional en el que un vocal de justicia de La Paz se pronunciará a favor o en contra de la habilitación del expresidente Evo Morales como candidato a las elecciones del 18 de octubre.
Comités cívicos y plataformas ciudadanas del país han anunciado para esta semana que continuarán con las movlizaciones en Sucre en contra del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.
En un pronunciamiento fechado el 5 de septiembre, luego de una asamblea general virtual, los miembros de la organización cívica Liga Sucrense anuncian que se reservan el derecho de adoptar “las acciones que el caso amerite en defensa de la legalidad y la justicia, manifestando que la lucha por la democracia instaurada en las gloriosas jornadas de octubre y noviembre de 2019 debe continuar”.
Además, convoca al pueblo chuquisaqueño “a evitar que nuevamente la dictadura se imponga en nuestro amado país, rescatando el Órgano Judicial y el Ministerio Público de las garras de la estructura del MAS”.
En los primeros párrafos del pronunciamiento, la Liga Sucrense cita como antecedentes “la ilegal habilitación de Evo Morales Ayma como candidato a la Presidencia por un tercer periodo efectuada por el Tribunal Constitucional Plurinacional contra la voluntad popular manifestada en referéndum, con flagrante vulneración de la Constitución Política del Estado y artículo 15 de la Ley 026 de 30 de junio de 2010 Ley de Régimen Electoral”.
También hace referencia al amparo constitucional que no pudo resolverse el martes pasado, por lo que fue convocado un vocal dirimidor para este lunes. “El voto del Vocal René Delgado de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional de La Paz para la habilitación de Evo Morales como Senador del Departamento de Cochabamba, violando la Ley del Régimen Electoral que establece como requisito que el postulante debe radicar dos años en el lugar y tomando en cuenta que Morales se encuentra en condición de asilado en la República Argentina”, menciona el documento.
El tercer punto es la “Falta de pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional a Recursos Abstractos de Inconstitucionalidad de leyes sancionadas por la Asamblea Legislativa Nacional y promulgadas por Evo Morales, como la distribución de escaños que atenta a los principios de igualdad y no discriminación, consagrados por la Ley Fundamental y artículo 2, inciso 2) de la Ley del Régimen Electoral, la pérdida de la personalidad jurídica del MAS por haber difundido una encuesta, prohibida por Ley y otros de transcendencia e importancia nacional”.
La Liga Sucrense fundamenta su posición haciendo referencia al último bloqueo de caminos y dice que “el Ministerio Público actuó con una celeridad extraordinaria al determinar imputación formal al presidente del Comité Pro Santa Cruz Dr. Rómulo Calvo y sin que tengan avance alguno los procesos contra las personas que llamaron al bloqueo de caminos que provocaron la muerte de 40 ciudadanos por falta de oxígeno, atentando a la salud pública y más considerando que, muchos de los bloqueadores portaban armas de fuego haciendo un llamado público a la guerra civil”.
Finalmente, recuerda que no hay avances en las investigaciones de la muerte de tres chuquisaqueños en la lucha por la capitalidad, que data del año 2007, “y sin que desde los fiscales generales anteriores hasta el actual hayan adoptado las medidas para llegar a la verdad histórica de los hechos y sancionar a los actores materiales e intelectuales”.
Al respecto, el pronunciamiento señala que eso “implica incumplimiento de deberes del Fiscal General del Estado establecido por el artículo 154 del Código Penal que en la parte pertinente señala: “(INCUMPLIMIENTO DE DEBERES). La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años…”.
